33 presos políticos están desaparecidos en Nicaragua

Un estudio presentado este viernes 29 de agosto de 2025 por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, reveló que 33 de las 73 personas actualmente encarceladas por motivos políticos en Nicaragua se encuentran en condición de desaparición forzada.

Según el documento, «del total de 73 personas detenidas, entre ellas 14 mujeres, 33 personas —incluidas 11 mujeres— se encuentran desaparecidas de manera forzada, lo que equivale al 45.21%». Las organizaciones advierten que este número representa un subregistro, dado que en los últimos días «el Monitoreo Azul y Blanco ha identificado más casos de desapariciones forzadas aún sin registrar oficialmente en el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas».

Desapariciones desde 2018

El informe señala que esta práctica no es nueva. En 2018 se documentaron detenciones clandestinas de corta duración, mientras que en 2021 se reportaron desapariciones de hasta 90 días, amparadas por la Ley 1060.

No obstante, «desde finales de 2023 la situación se ha agravado, pasando los períodos de desaparición por un máximo de 90 días a duraciones indefinidas». En ese tiempo, las personas detenidas son incomunicadas totalmente y sus familias no reciben información oficial.

Las organizaciones detallan que «algunas autoridades policiales permiten dejar insumos de higiene, medicamentos y comida, pero no confirman si la persona está ahí ni autorizan verla para corroborar su paradero». Además, la desaparición se utiliza como forma de censura, pues «se amenaza con no autorizar las visitas familiares para que las personas presas no divulgaran lo que pasaba al interior de los centros de detención».

El caso de Mauricio Alonso Petri, detenido el 17 de julio de 2025, se presenta como un ejemplo extremo. Tras permanecer desaparecido por más de un mes, su cuerpo fue entregado en la morgue el 25 de agosto.

Para las organizaciones, «su caso confirma la letalidad de esta práctica y demuestra que incluso cuando la desaparición se prolonga por días o semanas, cada momento en que la persona es sustraída del amparo legal incrementa exponencialmente el riesgo de tortura, tratos crueles y, como en este caso, la pérdida de la vida».

Caos de torturas contra presos políticos

El estudio también documenta torturas y malos tratos sufridos por las personas desaparecidas. Entre ellos se mencionan «penetración con objetos; colgamientos; ahogamientos simulados; golpizas; estrangulamiento y asfixia por presión en el cuello; posturas forzadas; privación prolongada del sueño y exposición a temperaturas extremas».

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A la par, muchas de estas detenciones se procesan en secreto. El informe afirma que «se han desarrollado procesos judiciales secretos, en los cuales no se ha informado a sus familiares, no se les ha permitido contar con abogados particulares y se han ocultado los expedientes judiciales». Según las organizaciones, esta judicialización encubierta «funciona como un mecanismo estratégico de control y encubrimiento del Estado».

En cuanto a los grupos más vulnerables, el informe advierte que las desapariciones forzadas tienen un impacto agravado en mujeres, adultos mayores, adolescentes, indígenas y personas con enfermedades crónicas.

«Desde 2018, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha registrado al menos 468 casos de detenciones de mujeres, de las cuales 212 son defensoras y activistas; la mayoría ha sufrido desapariciones forzadas». Además, muchas han sido sometidas a «desnudez forzada, insultos sexuales, amenazas de violación a sus hijas y hasta violación sexual colectiva».

En el caso de los adultos mayores, la falta de acceso a atención médica y el aislamiento aceleran el deterioro físico y mental. En los adolescentes, se han identificado pensamientos suicidas como consecuencia del aislamiento. En los pueblos indígenas, la desaparición de líderes «opera como un mecanismo de control y destrucción cultural contra comunidades enteras». Y en personas con enfermedades crónicas, la falta de tratamiento las expone a un deterioro rápido e irreversible.

El impacto no se limita a las víctimas directas. También afecta de manera severa a las familias, quienes enfrentan una búsqueda marcada por hostigamiento, amenazas y humillaciones.

Amenazas y humillación contra los buscadores

Las organizaciones subrayan que «se han documentado múltiples incidentes de hostigamiento directo contra quienes buscan: amenazas de represalias si denuncian, requisas humillantes con perros dentro de centros policiales e inspecciones corporales que incluyen tocamientos sexuales sin justificación alguna».

En la mayoría de los casos, las buscadoras son mujeres. «Madres, hermanas e hijas asumen la doble carga del dolor íntimo de la pérdida y la responsabilidad pública de mantener viva la memoria de quienes han sido desaparecidos», sostiene el documento.

A nivel psicológico, tanto sobrevivientes como familiares presentan «trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada, depresión, ataques de pánico, culpa, disociación y deterioro de relaciones interpersonales».

Finalmente, las organizaciones concluyen que «las desapariciones forzadas en Nicaragua constituyen una política de Estado implementada de manera sistemática y generalizada desde 2018 como instrumento de represión y control social».

Cada caso, afirman, «representa un ultraje contra la dignidad humana, un crimen de lesa humanidad imprescriptible y una violación grave y continuada de derechos fundamentales». Ante ello, demandan a la comunidad internacional «mantener una vigilancia activa y adoptar medidas urgentes para frenar la impunidad en Nicaragua, garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas».