ONU identifica 11 nuevos presos políticos en Nicaragua durante el mes de julio, incluyendo pastores evangélicos

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció este miércoles 6 de agosto que al menos 11 personas se convirtieron en presos políticos en Nicaragua durante el mes de julio, entre ellas pastores y miembros de iglesias evangélicas, y exigió su liberación inmediata.

«Al menos 11 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en Nicaragua desde julio, incluyendo integrantes de iglesias evangélicas», advirtió la OACNUDH en su cuenta oficial en la red social X. «Instamos al Estado a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos», añadió.

Entre los casos más preocupantes, el organismo destacó la detención ocurrida el 17 de julio en Jinotepe, Carazo, donde arrestaron al pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, junto con Jessica Palacios Vargas, Pedro López, Armando Bermúdez Mojica y Olga María Lara Rojas, todos ellos con vínculos con congregaciones evangélicas. Según la agencia de la ONU, estas cinco personas se encuentran actualmente en condición de desaparición forzada, sin que las autoridades brinden información a sus familiares.

La oficina de derechos humanos recordó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sus obligaciones internacionales de garantizar el debido proceso, el derecho a la libertad religiosa y la prohibición de desapariciones forzadas. «Instamos a las autoridades a respetar y garantizar el derecho a la libertad de religión o de creencias, de conformidad con sus obligaciones internacionales», subrayó la OACNUDH.

Más de 60 presos políticos y 15 desaparecidas

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que mantiene un monitoreo independiente y sobre la situación carcelaria en Nicaragua, reportó al 11 de julio de 2025 un total de 54 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 15 se encuentran desaparecidas como parte de una política sistemática de represión e incomunicación.

Con los cinco ciudadanos originarios de Carazo, encarcelados el 17 del mes pasado, la cifra ya estaría sobrepasando los 60 encarcelados.

Según el informe, entre los 54 reportados hasta el 11 de julio, 47 de las personas encarceladas son hombres y 7 son mujeres. De ese total, 35 fueron condenadas tras juicios que carecen de las mínimas garantías del debido proceso, mientras que 19 permanecen en prisión sin sentencia judicial.

El Mecanismo también alertó sobre el grave estado de salud y la vulnerabilidad de 18 adultos mayores en prisión política, muchos de ellos con enfermedades crónicas, sin acceso a atención médica adecuada y bajo condiciones inhumanas de reclusión. «La situación de estos adultos mayores es grave por su vulnerabilidad física y emocional, siendo más propensos a sufrir abusos y maltratos», advierte el informe.

Familias de los presos políticos recorren las cárceles y se los niegan

El grupo de 15 personas desaparecidas incluye tanto casos recientes como detenidos de larga data, y en todos ellos las autoridades niegan información sobre su paradero, lo que representa una grave violación de derechos humanos. «Las familias de las personas desaparecidas viven una angustiante espera, recorriendo diversas instituciones del Estado sin obtener respuestas claras sobre sus seres queridos», señala el Mecanismo.

Tanto la OACNUDH como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene la denuncia de estas desapariciones como parte de una estrategia represiva diseñada para destruir la disidencia política e infundir terror en la sociedad nicaragüense. Todas estas instancias llaman al régimen de Ortega y Murillo a cesar esta práctica, liberar a todos los prisionero y proporcionar información veraz sobre las condiciones en las que se encuentran.

Hasta el momento, el régimen se mantiene en silencio sobre estas nuevas detenciones y sobre la situación legal o médica de las personas en condición de desaparición forzada. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa exigiendo el fin de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y justicia para las víctimas y sus familias.