Abogado Álvaro Leiva abandonó Costa Rica, su país de exilio, por falta de seguridad

El abogado y exiliado político nicaragüense Álvaro Leiva hizo pública su salida de Costa Rica por razones de seguridad. Llegó a ese país en junio de 2018 y en agosto del mismo año recibió el asilo político territorial. El gobierno de Carlos Alvarado concluyó que debían protegerlo debido a las «amenazas en razón de su activismo y trabajo como defensor de derechos humanos» que exponían su vida en Nicaragua. 

Sin embargo, asentado en San José las amenazas contra su vida continuaron y aunque recurrió a las autoridades costarricenses señala que hubo una total ausencia de garantías de seguridad.

A propósito del crimen en Costa Rica contra el exmilitar y analista en temas de seguridad Roberto Samcam, Leiva reveló que para preservar su integridad física desde julio de 2024 abandonó la nación que lo acogió tras la persecución por su defensa a los ciudadanos en el contexto de las protestas sociales.

En una carta dirigida al presidente Rodrigo Chaves con fecha del 14 de noviembre de 2024, Leiva también solicitó la renuncia al beneficio de asilo.«He tomado la dolorosa decisión de renunciar al beneficio de asilo político territorial en la República de Costa Rica […] por razones de falta de seguridad a mi integridad física y mi vida», dice la misiva que el jurista compartió con Artículo 66 desde el tercer país al que se trasladó.

Según expone, la situación de inseguridad se ha intensificado con el paso del tiempo, al punto de obligarlo a abandonar el país. «La absoluta falta de seguridad a mi integridad física y mi vida […] se ha agudizado alarmantemente, al punto de haberme obligado a procurar resguardo fuera del territorio costarricense», recalca.

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El exiliado advierte sobre la infiltración de agentes de inteligencia y sicarios de la dictadura Ortega-Murillo en Costa Rica, que operan «impunemente en la comunidad de exiliados nicaragüenses» con fines de vigilancia, secuestro y atentados. También señala que, a pesar de haber presentado múltiples denuncias y comunicaciones oficiales desde 2019, las autoridades no toman acciones frente a esas denuncias.

Casos de violencia como los atentados contra Joao Maldonado y Edwin Jiménez Mairena, así como el asesinato de Jaime Ortega Chavarría en Upala, son citados como evidencia del peligro que enfrentan los exiliados. «El Estado de Costa Rica ya no está en condiciones de garantizar la integridad de quienes procuran el exilio en este país, entre quienes me incluyo», afirma en su declaración.

«Desde marzo de 2019, he presentado, a ambas administraciones, 11 exposiciones contundentes, detalladamente documentadas, exhaustivamente argumentadas, sobre la fragilidad de la seguridad pública en Costa Rica, frente al régimen Ortega-Murillo del Estado de Nicaragua. Sin embargo, mis planteamientos no han tenido el eco necesario en los diferentes altos funcionarios (Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves) ni en las instituciones que he, pertinentemente, abordado. Queda claro que, como defensor de los derechos humanos, he cumplido con el deber fundamental de advertir, respetuosamente, al expresidente Alvarado Quesada, a usted (Chaves), y a otros altos funcionarios de ambas administraciones, sobre el peligro que actualmente, lo mismo que en los años inmediatamente anteriores, se cierne sobre la vida y la seguridad de los miles de nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio», denuncia. 

El documento también destaca que estas operaciones ilegales del régimen nicaragüense son facilitadas por la falta de controles de Costa Rica para dar entrada a ese país a operadores políticos del sandinismo que usan ese territorio como una base del FSLN y actúan de forma delibera contra exiliados impunemente.

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Álvaro Leiva es un reconocido defensor de derechos humanos, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPD). Junto al sacerdote católico de la Iglesia San Miguel, padre Edwin Román, recorrieron las calles de esa ciudad, en medio de barricadas, piedras y botellas quebradas para rescatar a manifestantes y policías que habían sido retenidos en los tranques. 

Recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 15 de febrero fue incluido en el grupo de 94 nicaragüenses a quienes el régimen le eliminó arbitrariamente su derecho a la nacionalidad. Al quedar apátrida, acogió el ofrecimiento del gobierno español para obtener esa ciudadanía.