La diputada oficialista Pilar Cisneros, figura clave en la bancada del presidente Rodrigo Chaves y una de las voces más influyentes del Congreso costarricense, denunció este miércoles que el oro extraído ilegalmente de la zona minera de Crucitas estaría siendo trasladado hacia Nicaragua, donde se suma a las exportaciones auríferas del régimen de Daniel Ortega, que superaron los 2.000 millones de dólares en 2024.
La declaración se produjo tras la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, en la que fue reelecto por cuarto periodo consecutivo el liberacionista Rodrigo Arias Sánchez, hermano del expresidente Óscar Arias. La votación se dio sin el respaldo de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), a la que pertenece Cisneros, lo que evidenció la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Consultada por medios de comunicación sobre la elección, Cisneros calificó el resultado como «lamentable para Costa Rica» y subrayó que «no hay ningún tipo de comunicación ni entendimiento» entre el presidente Rodrigo Chaves y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias. «Y esos puentes no se van a restablecer», agregó con firmeza.
No obstante, aseguró que desde la bancada oficialista no renuncian a impulsar ciertos proyectos legislativos prioritarios, entre ellos el que pretende reactivar la explotación minera en Crucitas. En ese contexto, lanzó una fuerte acusación sobre el destino del oro costarricense:
«Sin embargo, yo no pierdo la esperanza de que se aprueben algunos proyectos vitales, entre otros (una ley de) jornadas (laborales), y haremos todo lo posible para que se aprueben. Crucitas. O sea, a ver, los costarricenses estamos regalando el oro que vale 4.000 dólares la onza, 4.000 dólares la onza, para que Nicaragua aumente sus exportaciones, ya están exportando más de 2.000 millones de dólares por año. El oro de nosotros, y dejándonos aquí toda la contaminación. Entonces, entre otras cosas, yo espero que esos proyectos avancen».
El oro ilegal de Crucitas y las Matemáticas que no cuadran en Nicaragua
La zona de Crucitas, ubicada en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua, ha sido objeto de polémica desde hace más de una década. Aunque en el pasado fue declarada de interés público para la minería a cielo abierto, los tribunales anularon los permisos y frenaron toda explotación industrial. Desde entonces, grupos de mineros ilegales —incluidos ciudadanos nicaragüenses— han operado en el sitio con métodos artesanales, generando preocupaciones ambientales, sociales y de seguridad fronteriza.
El señalamiento de Cisneros coincide con alertas previas de expertos en comercio internacional que advierten que Nicaragua se ha consolidado como una «lavandería de oro ilegal». Diversos informes han señalado que oro extraído ilícitamente en Venezuela, por ejemplo, ingresa a territorio nicaragüense y desde ahí es vendido a mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos y Canadá, aprovechando la debilidad institucional y la opacidad en las cadenas de trazabilidad.
Una investigación publicada por Artículo 66 en 2024 ya había advertido que las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua no cuadran: el volumen de oro exportado supera de forma considerable el volumen declarado de producción nacional legal. Este excedente ha levantado sospechas fundadas sobre el ingreso y salida de oro ilegal, incluyendo el que se extrae artesanalmente en zonas como Crucitas o en territorios de reserva ecológica dentro del propio territorio nicaragüense.
Uno de los focos críticos es la reserva de biosfera Indio Maíz, donde la organización ambientalista Fundación del Río ha denunciado que al menos 4.000 personas estarían trabajando en minería ilegal en el corazón de ese ecosistema protegido. Parte de ese oro también estaría alimentando el circuito de exportaciones nicaragüense que hoy aparece inflado respecto a su base productiva real.
Gobierno tico persigue a «güiriseros» nicas
El gobierno de Rodrigo Chaves ha ordenado operativos para controlar la minería ilegal en Crucitas, pero Costa Rica aún mantiene bloqueado cualquier esquema de explotación minera formal. Para voces como la de Pilar Cisneros, esta política termina facilitando que actores ilegales aprovechen los recursos del país y los trasladen al vecino del norte, donde sí encuentran salida comercial y reconocimiento en el mercado internacional.
Aunque el régimen de Ortega niega vínculos con el contrabando de oro, organizaciones internacionales de derechos humanos y analistas financieros han advertido sobre el uso del oro como fuente de divisas alternativa para esquivar sanciones económicas y nutrir redes de financiamiento opacas.
Las recientes declaraciones de Pilar Cisneros podrían reactivar el debate político en Costa Rica sobre cómo proteger los recursos naturales, frenar el contrabando transfronterizo y garantizar que el oro extraído del subsuelo tico beneficie al país y no al régimen sandinista de Managua.
