[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington otorgó medidas cautelares para el sacerdote de la iglesia San Miguel de Masaya, Edwin Román y para el Secretario Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez.
En las últimas semanas, el padre Román, en representación de la Iglesia Católica y el doctor Leiva han defendido con vehemencia la vida y los derechos humanos de la población de Masaya, que se mantiene en protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega.
Como parte de su trabajo por la defensa de los derechos humanos y la vida, los beneficiarios de estas medidas cautelares se han dedicado a mediar por la liberación de por lo menos 60 ciudadanos de Masaya que habían sido capturados por la Policía, y la devolución de por lo menos 12 policías y militares que habían sido retenidos por la población de esa ciudad.
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“Al tomar esta determinación, la Comisión observó que Edwin Heriberto Roman Calderón y Álvaro Leiva Sánchez en sus calidades de sacerdote y defensor de derechos humanos, respectivamente, participaron de manera activa en la protección de los derechos de las personas que habrían sido heridas o detenidas en el contexto de los hechos ocurridos el 2 de junio en Masaya, donde desde horas de la mañana habrían ingresado fuerzas especiales antimotines y la policía nacional, produciéndose diversos hechos de violencia y enfrentamientos que habrían provocado muertes y personas heridas”, dice el comunicado de la CIDH.
El documento de la Comisión indica que “la vida e integridad personal del padre Edwin Heriberto Roman Calderón y Álvaro Leiva Sánchez se encuentran en grave riesgo”.
Con el otorgamiento de estas medidas cautelares, el Estado de Nicaragua debe “asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros. Asimismo, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y su representante y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.
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La CIDH informó que la entidad ha registrado 150 solicitudes de ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y miembros de sociedad civil cuyas vidas podrían estar en riesgo por las represalias del Gobierno de Daniel Ortega. Hasta la fecha, la Comisión ha emitido cuatro resoluciones de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de 24 personas, en el contexto de las protestas, la represión oficial y la violencia desatada en el país desde el 18 de abril.
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