Un año antes de que estallaran las masivas protestas de abril de 2018 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya había alertado a su cúpula militar sobre un supuesto «golpe suave» en marcha y activó una estrategia de preparación y entrenamiento con civiles y militares.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) detalla cómo, desde 2017 la narrativa del golpe sirvió como justificación para iniciar maniobras militares y coordinar una respuesta violenta desde el Estado ante un posible escenario de levantamiento social.
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El documento del GHREN recoge que, «a inicios de 2017, algunos oficiales del Ejército fueron convocados por la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército a una reunión que tenía como objetivo informarles que se estaba fraguando un “golpe suave”». Esta alerta, presentada en un contexto regional de movilizaciones sociales, sirvió para sentar las bases de una narrativa de amenaza externa y movilización interna que justificara futuras represiones.
La reunión, en la que se hizo referencia a ONG financiadas desde Estados Unidos como supuestos actores desestabilizadores, fue clave. El objetivo, dicen los abogados independientes de la Organización de Naciones Unidas, se basó en «informar a los oficiales sobre esta situación porque su deber era “preservar la paz”». Desde entonces, según el GHREN, comenzó una fase de preparación sistemática, sin que existiera aún un contexto de protesta activa en Nicaragua.
Entrenamientos con civiles en zonas militares
A partir de esa directriz, el aparato militar comenzó a articular entrenamientos en polígonos militares que involucraban tanto a personal en funciones como a retirados y civiles.
«Meses más tarde, también comenzaron a realizarse prácticas de tiro en polígonos militares, con personal civil y exmilitares en algunas de las sedes de los comandos militares regionales», revela el informe. La logística de estos entrenamientos estaba a cargo de la Reserva Patriótica, la que señalas como la « responsable de recibir a las personas y coordinar el entrenamiento».
Este entrenamiento paralelo y anticipado se dio con una estructura clara: en cada práctica participaban en parejas un civil y un militar retirado, bajo total discreción. Así se fue perfilando una red de apoyo armada, aparentemente informal, pero en realidad estructurada y en conexión con el aparato estatal.
La ejecución de la masacre de 2018
Con el estallido de las protestas, el mecanismo se activó por completo. El 20 de abril de 2018 se celebró una reunión clave, presidida por el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Ejército, junto con el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, en la que participaron altos oficiales de comandos especiales y de inteligencia. La orden fue aplicar disposiciones de combate ante lo que se interpretaba como un «golpe de Estado promovido por organizaciones sociales».
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«Los oficiales presentes en la reunión iban a ser asignados por la Unidad de Personal y Cuadros, a diferentes unidades militares para “neutralizar” a los líderes de estas manifestaciones», documenta el GHREN. Este accionar no fue improvisado, sino parte de una estrategia que había comenzado a diseñarse al menos desde un año antes.
Murillo y Avilés, los altos mandos de la cúpula criminal
La represión, según el informe, fue coordinada desde la cima del poder. El Grupo de Expertos establece que «el presidente (Daniel Ortega) y la vicepresidenta (Rosario Murillo) ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder».
Las órdenes eran verbales, deliberadamente sin registros, y canalizadas a través del comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo. «Las órdenes eran impartidas por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, canalizadas a través del general Julio César Avilés Castillo, para posteriormente ser transmitidas a los comandantes de cada unidad para su ejecución».
Una fuente citada en el informe lo resume así: «la orden era que cualquier amenaza a estos objetivos debía ser aniquilada».
El informe deja en evidencia que la represión de 2018 no fue una reacción improvisada del Estado frente al caos, sino la ejecución de una estrategia que venía preparándose al menos desde 2017.
El supuesto «golpe suave» fue utilizado como argumento para activar al Ejército y otros aparatos armados del Estado con una lógica de guerra interna. Lo que Ortega y Murillo vendieron como una defensa del orden, fue en realidad una operación planificada para aplastar cualquier disenso.
