Jóvenes, varones y manifestantes, estos son los perfiles del grueso de las víctimas de la represión estatal en Nicaragua, según el GHREN

La represión desatada en Nicaragua en el contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018 dejó una estela de muerte y dolor cuya dimensión sigue siendo documentada y detallada a siete años del estallido social.

El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el 3 de abril ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece con claridad el perfil de las víctimas: en su mayoría jóvenes, hombres, manifestantes y civiles desarmados.

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«Todas las víctimas eran hombres», recalca el documento, una conclusión que el Grupo de Expertos vincula con «la participación predominante de jóvenes varones en las movilizaciones y a la resistencia civil mediante barricadas y tranques».

La investigación analizó 115 muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 28 de septiembre de 2018, el período más intenso de movilización social en el país.

Las víctimas, la mayoría manifestantes

De ese total, 78 personas fueron identificadas como participantes activos en protestas, tranques o barricadas. Otras 24 se encontraban en las cercanías de las manifestaciones sin estar involucradas directamente. Además, dos personas fueron asesinadas mientras auxiliaban a manifestantes, y se documentó el asesinato de cuatro policías y un periodista. En seis casos, el perfil de las víctimas no pudo ser determinado con certeza.

El GHREN fue claro al señalar que los asesinatos no fueron aleatorios ni consecuencia de «excesos» individuales. Por el contrario, «los 75 casos de fallecimientos analizados reflejan patrones sistemáticos y generalizados de violaciones de los derechos humanos, replicados de manera consistente a lo largo de varios meses y en distintas partes del país».

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que el 60% de las víctimas documentadas tenía entre 2 y 24 años. El grupo etario más afectado fue el de 18 a 24 años, con un 40% de los casos, seguido por el grupo de 2 a 18 años, con un 20%. La ejecución más estremecedora fue la de un bebé de entre 0 y 2 años que recibió un disparo en la cabeza.

El GHREN refiere al caso de Teyler Lorío, el niño que fue asesinado cuando tenía 14 meses de nacido tras recibir un disparo en la cabeza cuando su padre, Nelson Lorío, lo cargaba en brazos de camino a casa de la abuela del pequeño.

El suceso ocurrió en Las Américas 1, el 23 de junio de 2018, cuando los nicaragüenses celebran el Día del Padre.

Los puntos con más víctimas

Geográficamente, los crímenes se concentraron en departamentos donde las protestas fueron más intensas. Managua encabeza la lista con 17 casos, seguido por Masaya (9), Carazo y Estelí (4 cada uno), Jinotega (3), y Chinandega y León con un caso cada uno. En algunos de estos lugares se desarrollaron operaciones de limpieza de barricadas y zonas de resistencia civil.

«Las muertes documentadas por el Grupo de Expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión», especifica el informe, un período que culmina con la prohibición oficial de las manifestaciones, anunciada por la Policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 28 de septiembre de ese año. Durante esos meses, el Estado consolidó un aparato represivo para silenciar el descontento social.

Actas de defunción, trastocadas

La investigación también denuncia irregularidades en la emisión de certificados de defunción. En 9 de los 40 casos de ejecuciones extrajudiciales, el documento no fue emitido o presentaba irregularidades, lo que dificulta la posibilidad de exigir justicia. En tres casos hubo intentos documentados de alteración de documentos oficiales. Uno de ellos es el del bebé de 14 meses, cuyo expediente médico sugiere erróneamente un suicidio, a pesar de que «recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó la exposición de su masa encefálica».

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La falta de autopsias también fue una constante. Solo en cinco de los 40 casos se realizó este procedimiento forense. Según el GHREN, esta omisión responde a «presiones institucionales y a la negativa de las autoridades a esclarecer los hechos mediante exámenes médico-forenses». En algunos casos, las propias familias se negaron a las autopsias por temor a represalias o desconfianza en las instituciones.

«Estas muertes no fueron simples consecuencias colaterales de enfrentamientos», subraya el GHREN. «Se trató de una política de represión sistemática que tuvo como principales víctimas a jóvenes civiles que alzaban su voz contra el gobierno», concluye el grupo de expertos.