Disparos a la cabeza y rifles AK: armas, letalidad y los perpetrados de los crímenes en Nicaragua de 2018

La represión del Estado nicaragüense durante las protestas de 2018 no solo dejó centenares de víctimas, sino que también evidenció el uso de armamento de guerra y una estrategia deliberada de neutralización mediante la fuerza letal. Así lo concluye el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el tres de abril.

«De las 40 ejecuciones extrajudiciales identificadas por el Grupo de Expertos, 39 se produjeron por disparos de arma de fuego, tipo AK y otras armas largas», revela el documento.

El análisis balístico y forense demostró que en la mayoría de los casos los disparos se dirigieron a zonas vitales: «22 personas recibieron disparos en el tórax, 12 en la cabeza, una en el cuello y una en la espalda». Cuatro víctimas murieron por arma de fuego, pero no se pudo determinar la zona afectada.

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Este patrón indica, según el GHREN, «un alto grado de letalidad intencionada». El objetivo, argumenta el informe, no era dispersar manifestaciones, sino «neutralizar físicamente» a los opositores. Los disparos certeros en la cabeza y el tórax evidencian que los atacantes actuaban con entrenamiento, precisión y una lógica militar.

«Los datos reflejan un patrón de ataque dirigido», se lee en el amplio documento de 233 páginas. «La selección de objetivos y la efectividad de los disparos sugieren una estrategia sistemática de eliminación de opositores o de neutralización de manifestantes». Estas acciones, recalca el informe, violan abiertamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos a las fuerzas de seguridad.

Las armas utilizadas corresponden en su mayoría a fusiles de alto calibre, como el AK-47, un arma militar con alto poder de penetración. Este tipo de armamento, según el GHREN, está restringido por la ley nicaragüense y su uso está regulado exclusivamente para situaciones de amenaza grave e inminente. Sin embargo, el informe concluye que «en ninguno de los casos se justificó el uso de fuerza letal con base en los estándares nacionales e internacionales».

Al menos tres de las ejecuciones ocurrieron cerca de instalaciones estratégicas bajo resguardo del Ejército, como la sede del Ministerio Público o varias alcaldías municipales. «Esto sugiere una actuación conjunta entre las fuerzas policiales y militares en operaciones de limpieza y contención del descontento social», advierte el GHREN.

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El caso del niño de 14 meses, Teyler Lorío, asesinado por un disparo en la cabeza llamó poderosamente la atención del GHREN. El hospital remitió el cuerpo al Instituto de Medicina Legal indicando que podría tratarse de un suicidio, una explicación absurda que el informe califica como «esfuerzo por encubrir las verdaderas circunstancias de la muerte».

Además del uso desproporcionado de armas de fuego, el GHREN detectó una estrategia de encubrimiento oficial. «En 30 casos se otorgó certificado de defunción; en 9 casos no se emitió o presentaba irregularidades», señala. Esta falta de documentación impide a las familias emprender acciones legales.

Los peritos también señalan que el uso de armas letales violó la Ley de la Policía Nacional, que establece que «el uso de la fuerza debe ser congruente, oportuno y proporcional» y que el uso de armas de fuego debe limitarse a «situaciones concretas en que haya riesgo grave para la vida o integridad física». A pesar de ello, las víctimas fueron civiles desarmados o personas sin involucramiento directo en enfrentamientos.

«La mayoría de las muertes se presentaron en el contexto de las marchas, barricadas o en la “Operación Limpieza”», dice el GHREN. Esta última fue una operación de gran escala dirigida desde la cúpula del Estado para eliminar bloqueos y resistencias ciudadanas, en la que las fuerzas de seguridad actuaron con brutalidad y fuerza letal desproporcionada.

El informe menciona que «estas ejecuciones no fueron hechos aislados, sino el resultado de una política de Estado para reprimir el disenso». Las armas utilizadas, el tipo de disparos, el patrón de víctimas y la actuación coordinada entre cuerpos de seguridad prueban, según el GHREN, que se trató de una estrategia calculada para silenciar a quienes se oponían al régimen.

Perpetradores identificados por el GHREN

En su informe del 3 de abril, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluye que las ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas de forma coordinada por la Policía Nacional, paramilitares y, en algunos casos, el Ejército Nacional.

El GHREN documentó:

• 11 casos con acción conjunta entre Ejército, Policía y grupos armados.
• 8 casos atribuidos directamente a la Policía Nacional.
• 8 casos a grupos armados progubernamentales, incluyendo fuerzas paramilitares.
• 5 casos cometidos por comandos de las Fuerzas Especiales de la Policía.

En un caso no se logró identificar a los perpetradores. El Grupo también denunció que la Ley de Amnistía de 2019 impidió el acceso a la justicia, bloqueando investigaciones y procesos judiciales.

A pesar de la negativa del Ejército a admitir participación, el GHREN afirma que posee «información creíble» que permite concluir, con motivos razonables, su implicación activa en la represión con uso de armas letales.