El jefe de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, comisionado general Francisco Díaz; y el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, son dos de las figuras que en mayor medida han contribuido a la consolidación en el poder de la pareja presidencial.
Díaz, al frente de la Policía desde el 23 de julio de 2018; y Avilés, encabezando la institución castrense desde noviembre de 2009; sometieron a las fuerzas armadas al servicio de los codictadores nicaragüenses. Los dos, por su rol opresor, fueron sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
La lealtad absoluta la demostraron de forma más acelerada en el contexto de las protestas sociales: detenciones arbitrarias, vigilancia, control, encarcelamientos, torturas, entrenamiento de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales y destierros fueron parte del engranaje empleado para neutralizar las protestas aunque para lograrlo ordenaran disparar a matar.
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Desde abril de 2018, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua han sido piezas clave en la consolidación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A través de la represión sistemática, estas instituciones han ejecutado acciones que han resultado en la eliminación de cualquier oposición y el establecimiento de un control absoluto del Ejecutivo sobre el país.
Estas instituciones, según un informe presentado esta semana por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas, pone de manifiesto las implicaciones directas de los cuerpos armados.
Una represión estructurada en cuatro fases
El GHREN detalla que la represión ha pasado por cuatro fases distintas, cada una con un grado de sofisticación creciente.
2018-2020: Brutal violencia como respuesta a las protestas
Las protestas iniciadas en abril de 2018 fueron reprimidas con una fuerza desproporcionada. La Policía Nacional, en conjunto con grupos paramilitares y el Ejército, usó tácticas de combate y armas letales para desmantelar barricadas y dispersar manifestaciones.
El GHREN documentó que esta respuesta dejó «centenares de ejecuciones extrajudiciales y otras lesiones corporales graves». Aunque el Ejército declaró públicamente que no participó en la represión, el informe revela que en abril de 2018, oficiales del Comando de Operaciones Especiales recibieron la orden presidencial de «neutralizar» a los manifestantes.
El objetivo era claro: matar y no contener las protestas. «El uso sistemático y deliberado de armas letales –algunas reservadas exclusivamente para uso militar– la intervención de francotiradores, tácticas de combate diseñadas para matar en lugar de controlar a las multitudes y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo indican que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población», determina el GHREN.
2021: Eliminación selectiva de la oposición
En un año marcado por un intento de elecciones en el que Ortega y Murillo apostaban por su continuidad en el poder, la represión tomó un giro más selectivo. La Policía encarceló arbitrariamente a precandidatos presidenciales, líderes políticos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas, mientras el Ejército continuó brindando apoyo logístico y estratégico en operativos de vigilancia.
El GHREN señala que «la Policía y el Ejército ejecutaron operativos conjuntos para la captura de opositores clave, apoyados por una red de informantes vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)».
2022-2023: Desmantelamiento total de la oposición
A medida que se acercaban las elecciones municipales de 2022, el régimen intensificó su estrategia para erradicar cualquier forma de disidencia. Se cerraron más medios de comunicación independientes, incluidos los de corte religioso; se persiguió a miembros de la Iglesia católica y se aceleró la confiscación de bienes de opositores.
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Según el GHREN, «la Dirección de Inteligencia del Ejército trabajó en conjunto con la Policía Nacional para identificar, vigilar y acosar a opositores, facilitando su detención y procesamiento».
2023 a la actualidad: Control absoluto y reformas
En 2025, el régimen consolidó su poder con una reforma total a la Constitución que otorgó poderes ilimitados a la Presidencia. La Policía Nacional se reforzó con la creación de una «policía voluntaria», compuesta por exmilitares, excombatientes sandinistas, trabajadores del Estados y simpatizantes del FSLN. Asimismo, la nueva Constitución eliminó restricciones legales al uso de la fuerza letal y subordinó el sistema judicial al Ejecutivo.
El GHREN concluye que «el presidente (Daniel Ortega) y la vicepresidenta (Rosario Murillo) han instrumentalizado de manera sistemática la Policía y el Ejército para reprimir, eliminar opositores y consolidar su poder absoluto».
Nicaragua, desde el 18 de febrero, es un Estado partidario, revolucionario y con dos copresidentes. La sucesión dinástica está garantizada en el país.
Un Estado militarizado y sin disidencia
Las pruebas recopiladas por organismos internacionales apuntan a que la Policía y el Ejército no han sido solo ejecutores de la represión, sino actores fundamentales en su diseño y ejecución. Desde el uso de grupos armados para la represión callejera hasta la vigilancia sistemática de opositores, ambas instituciones han operado en función de un objetivo claro: garantizar la permanencia del régimen de Ortega y Murillo en el poder.
La consolidación de un Estado totalitario en Nicaragua ha sido posible gracias al control absoluto de las fuerzas armadas y policiales, convertidas en herramientas de persecución contra cualquier voz disidente.
El papel de estas fuerzas armadas al servicio del sandinismo ha contribuido en la desnacionalización de más de 450 nicaragüenses y en el exilio de cerca del 10% de la población.
