Los principales puntos del informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un informe demoledor sobre la situación en Nicaragua, en el que acusa directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad. El documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, no solo ratifica las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales desde 2018, sino que profundiza en el papel de las instituciones estatales en la represión, identificando cadenas de mando y responsabilidades específicas.

Entre los hallazgos más graves destaca la implicación del Ejército de Nicaragua en la represión de manifestaciones, con el uso de armas letales y operativos de inteligencia para sofocar la disidencia. El informe también expone la transformación del aparato estatal en una estructura represiva diseñada para garantizar la permanencia del gobierno en el poder, mediante detenciones arbitrarias, tortura sistemática, desapariciones forzadas y la expulsión masiva de opositores.

El régimen, además, ha cerrado el espacio cívico, atacando a la prensa independiente, confiscando bienes de críticos del gobierno y fortaleciendo mecanismos de vigilancia y control social dentro y fuera del país. Ante estos hechos, la ONU advierte sobre la responsabilidad del Estado nicaragüense y plantea la posibilidad de activar mecanismos de justicia internacional para procesar a los responsables de estas violaciones.

A continuación, presentamos las 10 principales conclusiones del informe, que detallan la magnitud de la represión en Nicaragua y el papel que han jugado el Ejército, la Policía y el poder judicial en la consolidación del autoritarismo.

1. Crímenes de lesa humanidad: El informe concluye que el gobierno de Nicaragua, bajo la dirección de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamiento, tortura (incluida la violencia sexual), deportación y persecución sistemática contra la oposición.
2. Participación del Ejército en la represión: Se revela evidencia creíble de que el Ejército de Nicaragua participó en la represión de las manifestaciones de 2018, utilizando armas letales y colaborando con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales en ejecuciones extrajudiciales y operativos de inteligencia.
3. Estructura del aparato represivo: El informe detalla la forma en que el Estado ha sido transformado en un aparato represivo centralizado en el Ejecutivo, controlado directamente por Ortega y Murillo. Se han instrumentalizado todas las instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, para ejecutar la represión.
4. Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas: Se documentaron múltiples casos de detenciones arbitrarias, juicios injustos y desapariciones forzadas de opositores, incluyendo figuras políticas, periodistas y líderes sociales. Se han registrado 12 desapariciones forzadas en curso y otras detenciones en condiciones de incomunicación prolongada.
5. Tortura sistemática: Se confirman patrones sistemáticos de tortura contra detenidos políticos, incluyendo golpizas, asfixia, violencia sexual, aislamiento prolongado y condiciones inhumanas de encarcelamiento. Se documentó la participación activa de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares en estas prácticas.
6. Expulsión y desnacionalización de opositores: El informe confirma la expulsión forzada de cientos de nicaragüenses, así como la privación arbitraria de la nacionalidad de al menos 317 personas. Se ha impedido el regreso de ciudadanos al país y se ha negado la renovación de pasaportes a opositores en el exilio.
7. Ataques contra la libertad de prensa y la sociedad civil: Se ha desmantelado el espacio cívico mediante la cancelación de más de 5,400 organizaciones sin fines de lucro, el cierre de medios de comunicación independientes y la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos.
8. Confiscación de bienes de opositores: El gobierno ha confiscado arbitrariamente propiedades, cuentas bancarias, universidades privadas y bienes de organizaciones religiosas y empresariales, dejando a los opositores en el exilio en situación de vulnerabilidad económica.
9. Expansión de la vigilancia y el control social: Se ha intensificado la vigilancia de ciudadanos dentro y fuera de Nicaragua, utilizando redes de informantes, herramientas tecnológicas y granjas de trolls para monitorear, acosar y reprimir a disidentes en redes sociales y en el extranjero.
10. Responsabilidad estatal e internacional: Se concluye que el Estado de Nicaragua es responsable de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, y se insta a la comunidad internacional a tomar medidas, incluyendo la investigación penal de altos funcionarios y la activación de mecanismos de justicia universal.

El informe establece que la represión en Nicaragua no solo continúa, sino que ha evolucionado con nuevas tácticas para consolidar el control del régimen.