El Ejército de Nicaragua, comandado por el general Julio César Avilés Castillo, blindó de armas a los paramilitares conformados en 2018 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para desarticular las protestas antigubernamentales.
Un informe presentado este 26 de febrero de 2025 por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expone con detalle la participación de los altos jefes de la fuerza castrense en los crímenes de lesa humanidad del Estado en el contexto de las manifestaciones.
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El GHREN afirma que el Ejército «participó activamente en la represión y cometió ejecuciones extrajudiciales». Descartan el papel «tímido» que alegaron los generales tuvieron dentro del esquema represivo. No solo se limitaron a «proteger activos estratégicos», sino que también se dedicaron a «neutralizar» a los manifestantes.
Las protestas dejaron en el país 355 personas asesinadas, crímenes por los que se responsabiliza al Estado de Nicaragua. En el escrito, expuesto este jueves en Ginebra, el GHREN reconoce que desde el inicio de las protestas hubo participación activa y criminal del Ejército.
El grupo sostiene que recogió «información fidedigna» en la que se detalla que desde el 20 de abril de 2018, a solo tres días del estallido social, se celebró una reunión con altos mandos militares de las dependencias del Comando de Operaciones Especiales, de Doctrina y Adiestramiento, de Inteligencia y de Contrainteligencia, Estado Mayor y Dirección, en la que se determinó que «el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales», que conllevó a la orden directa de la Presidencia a que los militares debían actuar en pro de frenar a los manifestantes.
La orden, según el GHREN, la habría dado el jefe del Estado Mayor del Ejército y aunque no da nombre atañe al mayor general Bayardo Rodríguez, quien en 2018 estaba al frente de ese comando.
Avilés no esta exento de su participación directa. El grupo de la ONU señala que el jefe de los militares fue quien «ordenó la intervención militar en la represión de las manifestaciones, a pesar de que el Ejército no tenía competencia en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que la intervención de personal militar podría resultar en pérdida de vidas».
«La intención del Ejército era matar a los manifestantes»
El Ejército, además, se encargó de entrenar a policías, paramilitares y militantes, entre estos miembros de la Juventud Sandinista, usados para atacar y dispersar a punta de balas las manifestaciones.
Igualmente, entregó armas de guerra a esos grupos, algunos hasta designados como francotiradores. Los expertos indican que «las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados progubernamentales. (Estos grupos) utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones».
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El objetivo era claro: matar y no contener las protestas. «El uso sistemático y deliberado de armas letales –algunas reservadas exclusivamente para uso militar– la intervención de francotiradores, tácticas de combate diseñadas para matar en lugar de controlar a las multitudes y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo indican que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población», determina el GHREN.
Con estas pruebas se sustenta la participación activa del Ejército en los crímenes de lesa humanidad. El GHREN es un grupo de expertos independientes conformado por el Consejo de Derechos Humanos desde el 31 de marzo de 2022 para investigar todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
El mandato del Grupo de Expertos, aunque en principio fue establecido por un años, fue prorrogado por el Consejo mediante la resolución 52/2 por un periodo de dos años (hasta el 31 de marzo de 2025).
