Ortega y Murillo obligan a más de 15,576 empleados públicos a jurar como paramilitares encapuchados

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha juramentado a 15,576 «policías voluntarios», a quienes la opinión pública identifica como «paramilitares». La mayoría de estos agentes paragubernamentales son empleados del Ministerio de Salud, maestros del Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, las alcaldías y otras instituciones estatales.

Según denuncias recogidas por Artículo 66, estos trabajadores del Estado han sido obligados a ponerse la camiseta blanca, pantalón negro y hasta a enfundarse la cabeza en un pasamontañas negro, que apenas les deja asomar los ojos y respirar.

«Mi esposa lloró cuando se tuvo que poner esa capucha porque dijo que se sintió como que si la estaban llevando a declarar su disposición de matar a otro hermano nicaragüense que no comulgue con el Frente (Sandinista, el partido de gobierno)», contó un ciudadano originario del municipio de San Pedro del Norte, en Chinandega, cuya pareja fue obligada el pasado miércoles, 22 de enero, a subirse a un bus que trasladó a más de 200 empleados gubernamentales desde esos municipios norteños hacia la cabecera departamental, donde serían juramentados por el director nacional de la Policía, Francisco Díaz, y el secretario político del FSLN en esa localidad, José Manuel Espinoza, alias «Chemaya».

El informante dijo que «nosotros hemos sido sandinistas siempre, pero no estamos de acuerdo con matar a nuestro mismo pueblo para sostener al partido en el poder». Además, indicó, que «mi esposa está siendo llevada obligada. La obligan a ir por el trabajito. Si no se ponía la capucha, la despiden inmediatamente de la plaza de maestra», denunció el chinandegano.

La dictadura sandinista inició desde el pasado 18 de enero una jornada de «juramentaciones» de sus «policías voluntarios». Así llama el régimen a un pelotón hombres y mujeres a quienes los han obligado a integrarse a esos «batallones» a quienes hacen prometer que «defenderán la paz», que no es más que defender a la dictadura y su maquinaria represiva.

Las primeras juramentaciones se dieron en los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madriz. Granada fue el último departamento en juramentar; sin embargo, hay programadas otras juramentaciones en los departamentos restantes, como parte de la legalización de los gatilleros sandinistas, establecida por la nueva Constitución Política que la pareja presidencial ha impuesto para garantizar la sucesión familiar en el poder.

En total, el régimen ha juramentado a 15,576 parapolicías. El último escuadrón se enfiló en Granada e incluyó a 2,000 personas. Antes había hecho jurar a los paramilitares encapuechados de los departamentos de Masaya (2,500); Chinandega (3,536), León (3,636), Estelí (1,300), Madriz (1,204) y Ocotal (1,400).

Francisco Díaz, comisionado de la Policía Nacional, líder de este órgano paralelo y sancionado por la comunidad internacional, admitió en 2019 la existencia de dichos grupos que fueron utilizados ante la incompetencia de la Policía de detener las enormes manifestaciones antigubernamentales desde 2018. Tras las declaraciones de Díaz, Murillo indicó llamar a los parapoliciales armados y usados como gatilleros bajo el eufemismo de «héroes de la paz».

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Hombres encapuchados portando armas con calibre de guerra en caravanas de camionetas marca Toyota Hilux, sin placa, y con la orden de disparar a quien pusiera resistencia a la dictadura sandinista. Los paramilitares se dieron a conocer por primera en el ataque armado contra los nicaragüenses que se habían atrincherado en barricadas construidas con adoquines y piedras en Masaya y sus municipios. Fue en la operación limpieza instruida por Rosario Murillo a través de sus secretarios políticos, a quienes giró la orden del «Vamos con todo», según declararon después algunos desertores del régimen.

Paramilitares son trabajadores de instituciones del Estado

A finales del 2023 y todo el 2024, trabajadores de las instituciones del Estado fueron obligados a recibir capacitaciones de orden militar durante quince días, eran trasladados en buses desde las instituciones a bases militares, entre ellas la de Los Brasiles, y obligados a recibir entrenamiento militar que incluía correr varios kilómetros y aprender el uso de fusiles AK47.

Artículo 66 también logró contacto con «Paola», una trabajadora de Migración y Extranjería, que narró a este medio de comunicación sobre esos entrenamientos. Esta trabajadora estatal dice que la orden de asistir a dicho campamento militar fue coordinada por los dirigentes partidarios dentro de las entidades.

Mencionó que en los entrenamientos iban funcionarios de Migración y Extranjería, Ministerio de Salud, cuerpo de Bomberos, Cruz Blanca, trabajadores de la Procuraduría General de la República, empleados generales del Ministerio del Interior, entre otras instituciones.

«Paola» afirma que no importa el sexo del empleado, todos están obligados a asistir, la única salvedad es para aquellos que sufran de alguna discapacidad o que tengan más de 55 años (en el caso de mujeres). De negarse a asistir, la empleada también cuenta que serían despedidos de inmediato y se tomarían represalias contra sus familias.

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«En mi caso yo no podía negarme, mi marido y yo trabajamos para Migración y mis sobrinos trabajan para el aeropuerto, además tengo una niña de 13 años, mi mamá está delicada de salud, son muchos factores, tenía miedo sinceramente por que siempre he sido una mujer «sana». Jamás había tocado un arma y menos estar en una base militar pero no me quedó de otra», dijo Paola.

Ortega prepara un ejército para enviarlo a Venezuela

Para la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, la juramentación y exhibición de los «policías voluntarios» que realiza la dictadura en varios departamentos de Nicaragua, es parte de un compromiso adquirido por Daniel Ortega en la reciente visita a Venezuela, para la juramentación de Nicolás Maduro.

«Daniel Ortega debe haber adoptado con Nicolás Maduro cuando estuvo en Venezuela porque al día siguiente Maduro salió diciendo de que Cuba, Nicaragua y Venezuela estaban listos para la lucha armada, pues entonces yo tengo que suponer de que esa cantidad de empleados públicos, policías de línea, gente del Ministerio del Interior, de Migración, Bomberos, maestras y maestros que están siendo obligados a aparecer como paramilitares en esos actos de publicidad de los Ortega Murillo podrían ser enviados a Venezuela», explicó Téllez.

Para Téllez, esta es una simulación de fuerza pero lo único que logra el régimen es ensañarse con los empleados públicos a quienes obligan a vestirse como criminales, sentenciados a perder su trabajo y arriesgarse a ser capturados si se niegan.