La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su jornada de juramentación de paramilitares, a los que el sandinismo llama con el eufemismo de «Policía Voluntaria» y que impuso en la nueva constitución que todavía no terminan de aprobar en segunda legislatura.
Este viernes, 17 de enero de 2025, el jefe de la Policía y consuegro de la pareja dictatorial, Francisco Díaz Madriz, juramentó a más de 1,400 paramilitares en Ocotal, la cabecera departamental de Nueva Segovia (norte), en el tercer acto de toma de «promesa» por parte del alto mando policial a quienes se han constituido en un tercer brazo armado del régimen Ortega-Murillo.
Los paramilitares que han sido juramentados en plaza pública visten camisetas blancas, pantalones negros y una capucha negra que a penas les deja ver los ojos.
“Y hoy también, a un día de ese gran aniversario natal, hemos continuado con la juramentación de nuestros Policías Voluntarios en todo el país… Más de 1 mil 400 Policías Voluntarios han sido juramentados en este día en esa inmortal ciudad de Ocotal», dijo la portavoz gubernamental Rosario Murillo en su alocución meridiana del viernes.
Estos 1,400 paramilitares juramentados en Nueva Segovia se suman a unos 1,300 que fueron presentados el jueves, 16 de enero, en Estelí y unos 1,204 que también estuvieron en un acto similar en Madriz, con los que totalizan 3,904 gatilleros al servicio de la dictadura Ortega-Murillo para los tres departamentos norteños de Nicaragua.

“Y la próxima semana seguimos juramentándonos como defensores de la paz y el bien común, en León el 20, en Chinandega el 22 y en Masaya el 24, la próxima semana. Recordemos que vamos hacia el 26 de febrero, cuando, viviendo la gesta heroica de Monimbó y Los Sabogales, estará rindiendo promesa el Primer Comisionado General Francisco Díaz como jefe de la Policía Nacional, director de la Policía Nacional para los próximos 6 años”, reiteró Murilo.
La reforma
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un partido político surgido de la lucha armada contra la otra dictadura dinástica que hubo en Nicaragua en el siglo pasado, la de los Somoza, ha armado y entrenado a civiles a margen de la ley y la constitución para tener a hombres que le sirvan para reprimir a sangre y fuego a opositores.
Durante la rebelión de 2018, estos grupos de terceros armados fueron enviados en caravanas financiadas por el Estado para atacar a balazos a ciudadanos que se habían atrincherado en todo el país para exigir libertad, justicia y democracia. Daniel Ortega acusó a esos opositores de intentar darle un golpe de estado y mandó a los paramilitares a masacrarlos sin contemplaciones.
En los últimos años, el oficialismo ha intentado camuflar a estos paramilitares como «Policía Voluntaria» y bajo ese concepto operaron, bajo coordinación de la institución policial y con entrenamiento del Ejército.
Aunque Ortega los mantuvo como fuerzas paraestatales, al final decidió «legalizarlos» e incluirlos en la nueva constitución que fue aprobada en primera legislatura a final del 2024 y que se espera que sea refrendada en su totalidad a lo largo de enero de 2025.
El nuevo artículo 97 tercero, que se incluirá en la carta magna a la medida de la familia dictatorial, dice: «Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria».
No explican cuánto ganará y de dónde saldrá el presupuesto para los paramilitares
Aunque la dictadura Ortega-Murillo y la propaganda sandinista se esfuerza en hacer creer que estos rearmados son «voluntarios», un analista en temas de seguridad que prefirió opinar bajo condición de anonimato, valora que estos batallones, que al parecer sumarán más de mil hombres por cada departamento, «no viven del aire. No viven por obra y gracia del Espíritu Santo y de algún lado tiene que salir su avituallamiento».
El analista enumeró que «hasta el trapo negro que usan de pasamontañas tiene un costo, mínimo, pero lo tiene; luego las camisetas que les dan, botas, si les dan; alimentación, son tres tiempos al día, y por su puesto que de gratis nada, por que de voluntarios no tienen nada. Les deben de estar pagando un salario para tenerlos a su servicio», insiste.

«Esos son matones a sueldo. En ese partido ya nada es ni por amor ni por ideologías. Es plata que sale de las costillas de los nicaragüenses para sostener ese aparataje, sin contar el armamento y las casas que les han asignado para que usen como centro de operaciones», dice la fuente.
«Solo en Estelí, por ejemplo, estos paramilitares han estado durante todos estos años al mando de Pedrito El Hondureño (Víctor Manuel Gallegos). Pedrito dirigió la operación limpieza en La Trinidad y después de la represión sangrienta de 2018, se expandió para reforzar a todos los paramilitares en Estelí, Madriz y Nueva Segovia y tiene un centro de operaciones en donde fue la delegación del Marena de Estelí. Mantener toda esa estructura cuesta plata y los nicaragüenses la tienen que costear», finalizó el informante.
Policía y grupos paraestatales responsables de asesinatos en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde junio de 2018, solo tres meses después que iniciaron las protestas sociales, comenzó a denunciar la operación de estos «grupos parapoliciales» y urgió a las autoridades de Nicaragua «desmantelarlos y proteger el derecho a la protesta pacífica».
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el informe sobre los «hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y 30 de mayor de 2018 en Nicaragua», divulgado en diciembre de 2018, señaló -entre la caracterización de estos hechos de violencia- que el Estado de Nicaragua reprimió las protestas por medio de grupos de choque, pero «frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril (de 2018) a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas armas de guerra».

«Pudo observarse, como característica central, la articulación entre sí de diversas estructuras del Estado o vinculadas al Estado: la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales, que van desde los grupos de choque recién mencionados hasta grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude socialmente como “paramilitares” o “parapoliciales”. Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales identificadas como tales», señalaron los investigadores.
Además, determinaron que «la mayoría de los asesinatos y lesiones graves -que se registraban hasta entonces- son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales».