EE. UU. condena a nicaragüense por traficar 104.000 pastillas de fentanilo

Un nicaragüense de 23 años fue condenado a 41 meses de prisión en Estados Unidos por posesión de fentanilo con intención de distribuirlo, luego de que las autoridades incautaran aproximadamente 104.000 pastillas de esta droga durante una inspección de tránsito en el estado de Utah, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Utah.

Héctor Luis Castillo-Reyes, quien residía en Fresno, California, también deberá cumplir tres años de libertad supervisada después de salir de prisión; en ese sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también detalló que una vez que recupere su libertad, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar los procedimientos de deportación.

La sentencia fue impuesta por la jueza federal Ann Marie McIff Allen, luego de que Castillo-Reyes se declarara culpable el 20 de julio de 2026 del delito de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

Así descubrieron las 104.000 pastillas de fentanilo

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la Fiscalía Federal, el caso se remonta al 14 de agosto de 2025, cuando un agente del sheriff del condado de San Juan detuvo a Castillo-Reyes por una infracción de tránsito.

Durante el procedimiento, las autoridades utilizaron un perro detector de drogas que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilegales.

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Luego, al inspeccionar el vehículo, encontraron aproximadamente 104.000 pastillas azules de fentanilo identificadas como M30, ocultas en una caja de herramientas ubicada en la parte trasera del automóvil.

El cargamento pesaba alrededor de 23 libras, equivalentes a unos 10,4 kilogramos.

Según el comunicado oficial, Castillo-Reyes admitió que había recogido una bolsa con las pastillas y que las transportaba a cambio de dinero.

Distintos organismos participaron en la investigación

La investigación fue desarrollada conjuntamente por la DEA, la Oficina Estatal de Investigación (SBI) del Departamento de Seguridad Pública de Utah y la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan, con apoyo de la BIA y el ICE.

El caso fue llevado por el fiscal adjunto federal Joseph M. Hood, de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Utah.