Ortega juramenta a 2,500 paramilitares encapuchados en Masaya y suma 11,440 a nivel nacional

La dictadura sandinista sumó a 2,500 trabajadores públicos del departamento de Masaya como nuevos «policías voluntarios», en su jornada de juramentaciones que ha arreciado en la última semana, para comprometer como paramilitares a funcionarios gubernamentales, a quienes oculta bajo pasamontañas negros y los presenta en plaza pública como un batallón dispuesto a «defender la paz», según la propaganda oficial.

Este nuevo grupo de 2,500 paramilitares encapuchados lo componen 1,691 hombres y 809 mujeres, según los reportes divulgados por la misma Policía. El acto de juramentación fue presidido por el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, quien además es consuegro presidencial y ha jurado lealtad total a la dictadura sandinista y su partido.

Estos 2,500 paramilitares encapuchados de Masaya se suman a otros cinco bloques que el régimen juramentó en la última semana en Chinandega (3,536), León (1,500), Estelí (1,300), Madriz (1,204) y Ocotal (1,400), para una sumatoria total en estos departamentos de 11,440 personas.

Obligan a trabajadores públicos a encapucharse

En la juramentación de los 3,536 supuestos «policías voluntarios» de Chinandega, Artículo 66 recibió denuncias de trabajadores del Estado que laboran en instituciones públicas como el Ministerio de Salud (Minsa), alcaldías, y profesores de primaria y secundaria emplanillados en el Ministerio de Educación, de los municipios de Cinco Pinos, San Francisco, San Pedro y Santo Tomás, los cuatro pueblos del norte de Chinandega, que fueron obligados vestirse con la camiseta blanca y el pasamontañas negro y fueron trasladados hasta la cabecera departamental para juramentarse.

«Venimos más de 200 trabajadores de todos los municipios del norte (de Chinandega). Teníamos que venir obligados porque necesitamos el trabajito», dijo una profesora de primaria de una comunidad de Cinco Pinos, que por razones obvias pidió no mencionarla directamente.

Otro informante de Cinco Pinos dijo que para acudir a esa juramentación fueron obligados por el alcalde Abilio Sánchez, que obedece directamente a Chemaya.

En el caso de este nuevo bloque de Masaya, se desconoce exactamente a qué instituciones le trabajan, pero es de suponer que la denuncia recibida de Chinandega se replica en todo el país, y que la dictadura sandinista solo usa a estos servidores estatales para mostrarlos en estos escuadrones como que si tal fueran personas dispuestas a usar armas de guerra y lanzarse a la calle a atacar a sus hermanos nicaragüenses, si la dictadura los envía, como una estrategia para sembrar el terror e imponer el silencio en todo el país.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el informe sobre los «hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y 30 de mayor de 2018 en Nicaragua», divulgado en diciembre de 2018, señaló -entre la caracterización de estos hechos de violencia- que el Estado de Nicaragua reprimió las protestas por medio de grupos de choque, pero «frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril (de 2018) a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas armas de guerra».

Los expertos refirieron que estos grupos paramilitares o parapoliciales, que operan en Nicaragua, tienen mayor «organización y poder lesivo» y son «grupos compuestos por personas no identificadas, que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y actúan en coordinación con las fuerzas policiales».

El régimen Ortega-Murillo en los últimos años ha intentado revestir de legalidad la operación de los grupos paramilitares, llamándolos como «policías voluntarios» e incluyéndolos, recientemente, en la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, que aprobó en primera legislatura en noviembre del año pasado.

En el cambio que propuso el orteguismo al artículo 97 de la Constitución se orientó la creación de la «Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria». Dicha reforma a la Carta Magna hasta ahora sigue en manos de la Asamblea sandinista para aprobarse durante todo este mes en segunda legislatura, pero el régimen ya adelantó las juramentaciones de estos grupos de gatilleros que han jurado lealtad a la dictadura rojinegra.

Faltan juramentaciones

Las próximas juramentaciones de paramilitares están programadas, según el calendario divulgado en medios oficialistas, para el 27 de enero a Granada; y el 29 y 31 de enero en los departamentos de Carazo y Rivas.

También, planificaron actos en Boaco, el 3 de febrero; Chontales, el 5 de febrero; Río San Juan, el 7 de febrero; El Rama y Nueva Guinea, el 10 de febrero; Matagalpa, el 12; Jinotega, el 13; y por último, Siuna, el 17 de febrero; Bilwi el 19 de febrero y Bluefields el 20 de febrero de 2025.