El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó, según un comunicado que divulgó este 20 de enero, que el Estado de Nicaragua y Ecuador vulneraron los derechos de tres niñas, dos nicaragüenses y una ecuatoriana, respectivamente, al obligarlas a continuar con embarazos y la crianza de menores que fueron producto de violaciones.
«Al obligar a las niñas víctimas de violación a llevar a término sus embarazos y criar a los hijos nacidos de esa violación, Ecuador y Nicaragua violaron el derecho de las víctimas a vivir con dignidad y las sometieron a situaciones que equivalen a tortura», setenció el Comité de la ONU.
La ONU argumentó que ambos estados violentaron al menos dos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y orientaron recomendaciones y medidas para la reparación de estas tres víctimas.
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Los casos de estas tres menores, identificadas con los seudónimos de Norma, Susana y Lucía, las últimas dos de origen nicaragüense, fueron introducidos ante ese Comité en 2019 por el Movimiento Son Niñas, No Madres, un colectivo de organizaciones que, según estas mismas, «trababaja para informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas, así como para sumar esfuerzos para exigir la protección de sus derechos».
El «Movimiento Son Niñas, No Madres», a través de un comunicado, tras conocer la conclusión del Comité de la ONU, resaltó que la decisión «marca un hito en la garantía de los derechos reproductivos a nivel global, pues obliga a los Estados a que modifiquen su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y que las niñas no enfrenten embarazos y maternidades forzadas».
Además, indicaron que este será un nuevo referente en la jurisprudencia internacional, ya que ahora es aplicable a los más de 170 Estados que son firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Un abuelo y un sacerdote cometieron violaciones sexuales
El Comité de Derechos Humanos de la ONU detalló que en el caso de Susana, que quedó embarazada a los 12 años, era víctima de violación sexual que perpetraba su abuelo desde que ella tenía seis años.
«Su abuelo la había violado y abusado con regularidad antes de quedar embarazada a los 12 años. Su abuela había intentado, sin éxito, obtener protección y apoyo para ella de parte de las autoridades», señala el comunicado de la ONU.
Los defensores recordaron que en Nicaragua «el aborto está totalmente prohibido y penalizado tanto para las mujeres embarazadas como para el personal sanitario», por lo que las mujeres, adolescentes y niñas sin importar las circunstancias, o si sus vidas corren peligro, son obligadas a continuar con los embarazos.
Susana, aunque presentó una denuncia y logró que se emitiera orden de arresto para su abuelo, denuncia la ONU, las autoridades «informaron a Susana que no podían hacer cumplir la orden ni ofrecerle otras garantías de seguridad porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona».
«A Susana no se le proporcionó otra opción que quedarse con el niño, que ahora está siendo criado por su abuela», apuntó el Comité.
Asimismo, denunció que en el caso de la otra sobreviviente de violencia sexual, Lucía, que tenía solo 13 años cuando comenzó a ser víctima de violaciones perpetradas por el sacerdote de su comunidad, que además la obligaba a tomar píldoras anticonceptivas de emergencia que al poco tiempo dejaron de funcionar y quedó embarazda.
La menor tampoco tuvo acceso a justicia o a un aborto seguro que le permitiera continuar con su vida de niña y, actualmente, su hijo es criado por sus padres.
«A pesar de la profunda depresión que sufría, continuó sus estudios en la escuela secundaria con el apoyo de sus padres y presentó una denuncia penal contra el sacerdote. Ella y su familia fueron amenazadas con retirar los cargos debido a la posición social y religiosa del agresor, pero se resistieron, aunque las autoridades no tomaron ninguna medida contra el sacerdote a pesar de los cargos penales presentados en su contra», señaló el Comité.
Víctimas deben ser indemnizadas por maternidades forzadas
La organización que impulsó los casos de las tres menores ante el Comité de la ONU resaltó que «Norma, Susana y Lucía contaron sus historias para que otras niñas y sobrevivientes como ellas puedan decidir sobre su proyecto de vida y estén libres de embarazos y maternidades forzadas».
El Comité recomendó a los estados de Nicaragua y Ecuador modificar la legislación para «asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos que impliquen intensos sufrimientos, como los embarazos que son producto de violación sexual, o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Esto para asegurar que se brinden servicios de salud integrales, incluido el aborto, y que se eliminen las barreras de acceso».
También, orientó que ambos estados emprendan acciones para «combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos, además de ofrecer una reparación integral para las sobrevivientes»; y «capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual y velar por una actuación efectiva cuando exista peligrosidad debido a antecedentes por agresiones similares».
La ONU además ordenó que tanto Nicaragua como Ecuador tomen medidas de reparación individual para cada una de las víctimas, así como «la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos previamente por las maternidades forzadas».