«Juana», de 21 años, todavía tiene miedo de hablar sobre la decisión que tomó hace un año sobre su cuerpo, porque está clara de que en Nicaragua «es ilegal». Antes de relatar cuál fue la decisión que tomó, en un contexto social en el que sabe que sería juzgada si se supiera su identidad, comienza a explicar que tiene un niño de 2 años, que saca adelante sola, ganando sólo 50 córdobas diarios.
Detalló que quedó embarazada cuando tenía 19 años, no había terminado secundaria y su expareja, padre del menor y quien luego de «juntarse» con ella mostró que tenía grave adicción al alcohol y las drogas, «nunca» se ha hecho cargo de sus responsabilidades.
«Yo quiero que sepan que amo al hijo que tengo, pero sé que mi vida sería diferente si no hubiera tenido un hijo a tan corta edad, si hubiera estudiado, y entonces, cuando mi hijo tenía ya un año salí embarazada otra vez. Mi expareja fumaba, se drogaba delante de mí, bebía y con lo que yo conseguía apenas y daba para comer, entonces cuando me enteré que otra vez estaba embarazada yo tenía claro que no quería y no podía tener otro hijo», indicó «Juana», intentando bajar la voz para que no la escuchen en el lugar donde trabaja por menos del salario mínimo, pero que le permiten llevar a su hijo a laborar.
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«Sé que mucha gente me va a juzgar cuando vea (lea) esto. Ellos no saben lo difícil que fue decidir hacer esto. Ya sé que van a decir que por qué no lo regalé, que debí tenerlo y luego regalarlo, pero a quién, que me digan a quién, si no conozco a quién, además no son animales para regalarse. Uno no sabe tampoco en qué manos los va a dejar, así que no me arrepiento de la decisión que tomé», agregó.
Falla en anticonceptivo
«Juana» explicó que tomaba anticonceptivos, que le administraban en inyecciones que le ponían cada mes en un centro de salud de Nicaragua y, como si se tratara de probar ante la Policía y sin que este medio se lo solicitara, apresurada mostró fotos de la última vez que fue a colocarse la inyección como parte del programa de planificación familiar que llevaba con el Ministerio de Salud.
«Yo planificaba. No sé qué pasó, pero salí embarazada y sí, sí, del mismo vago ese. Ya me separé porque uno sabe que eso no le conviene, pero nunca pierde la esperanza de que puede cambiar, de que uno puede tener su familia, con el padre de su hijo», afirmó la joven.
Además, comentó que proviene de una familia en la que el padre «nunca estuvo presente» y «uno siempre conserva la esperanza de darle a sus hijos lo que uno nunca tuvo. Mi mamá tuvo cinco hijos, de dos hombres, y siempre pasamos hambre, y yo ya no quiero ver eso, tampoco que lo vea mi hijo».
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La joven, por seguridad, no da detalles del lugar donde adquirió el producto con el que se practicó el aborto a finales del año pasado. Solo mencionó que fue «una amiga» la que le dio la idea de hacerlo con pastillas, porque tenía menos de cuatro semanas de embarazo, y fue quien la refirió con «un amigo de una farmacia» que le ayudó a conseguirlas y, sin asesoría de nadie, solo con lo poco que encontró en internet, procedió a colocarse esas pastillas, «cada hora, de dos en dos», dentro de su vagina, hasta notar que iniciara el sangrado.
«Sangré por casi una semana. Tuve mucho miedo de tener una infección y no saber qué hacer. Al quinto día que seguía sangrando fuerte tuve ganas de ir al hospital, pero me ganó el miedo. No quería que me metieran presa o que vieran que me había provocado un aborto con pastillas. Gracias a Dios, que no sé si mencionarlo porque uno no sabe si esto cuenta como pecado, aunque mi mamá me diría que sí, no tuve una infección y es la fecha y todavía me da miedo ir al hospital a que me hagan el PAP (papanicolaou o citología vaginal)», concluyó «Juana».
Riesgos para la vida de la mujer
El aborto en Nicaragua, desde 2006, está penalizado en todas sus formas. La Asamblea Nacional, en ese año, aprobó una reforma al artículo 165 del Código Penal, eliminando con esto la única forma de aborto que se autorizaba en el país, que permitía el aborto terapéutico con consentimiento de la madre, un familiar cercano y el dictamen de tres especialistas del Minsa.
La prohibición del aborto ha provocado desde entonces, según alertas de diferentes organizaciones feministas nicaragüenses, que las mujeres lo practiquen en forma clandestina e insegura, ya que tras dicha reforma al Código Penal la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos se endureció con penas que pasaron de 10 años, como pena máxima, a 30 años de cárcel, que también era la pena máxima que constitucionalmente se podía imponer en el país.
La feminista Ana Quirós, en entrevista con Artículo 66, explicó que las mujeres desde que saben que están embarazadas enfrentan un sinnúmero de barreras, mencionando entre estas, primeramente, «la propia decisión de abortar o no, tomando en cuenta la enorme culpabilización que se ejerce contra las mujeres por decidir sobre sus cuerpos».
Explicó que las mujeres también deben vencer barreras relacionadas con «miedo a que le vaya a pasar algo durante un aborto realizado en condiciones no seguras», «dónde y con quién practicárselo», «el costo de hacerse ese aborto porque, aprovechándose que es ilegal, las personas que están dispuestas a hacerlos, cobran bastante, generalmente aduciendo que se están poniendo en riesgo y que lo que están haciendo es un favor».
También, deben vencer barreras relacionadas a «cómo acudir a esos servicios sin que eso signifique ponerse en situación de riesgo, de riesgo por las penas que existen contra los abortos» y «cómo hacer para que otra gente no se dé cuenta y eso no la exponga aún más, especialmente cuando las familias son muy conservadoras o cuando con la pareja no fue una decisión consensuada».
Adicional a todo esto, afirma Quirós, las mujeres también deben preocuparse, ante la criminalización de una práctica que debería ser segura y garantizada por el Estado, «ver que el procedimiento sea hecho de manera adecuada, higiénica, con cierto grado de profesionalismo para que una vez realizado el procedimiento la mujer no esté expuesta a complicaciones posteriores. El temor a las complicaciones posteriores va a acompañar a la mujer por un buen tiempo y estará pendiente si va a sangrar, tener una infección, si le habrá quedado algo mal hecho y con eso tener la tranquilidad de pasar sus días sin problemas».
En ese contexto hostil para las mujeres que deciden abortar, como parte del derecho a decidir sobre sus cuerpos, la defensora Quirós resaltó la urgencia primero de la legalización del aborto y de que «las mujeres tengan acceso a servicios de salud que le permitan tomar la decisión con calidad y profesionalismo, que reciban un acompañamiento profesional y consejería, y que la mujer pueda tomar su decisión basada en su situación y deseos, no en los prejuicios y temores».
