El régimen de Daniel Ortega está a punto de desencadenar otro conflicto diplomático, esta vez con Panamá, cuyo Gobierno, ha puesto bajo «advertencia» a la embajada sandinista en ese país por haberse convertido en un centro de complot político contra las autoridades canaleras, dirigido por el exmandatario Ricardo Martinelli, asilado en esa sede diplomática.
Durante un encuentro con periodistas nacionales e internacionales, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que su Gobierno ha llamado a la embajadora nicaragüense en ese país para exponerle a través suyo a la Cancillería de Ortega su desagrado con las actividades y expresiones del exmandatario Ricardo Martinelli desde la embajada nica en Ciudad Panamá.
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Martinelli está asilado desde febrero de este año, luego de ser perseguido por la justicia de ese país por varios casos de corrupción durante su mandato (2009-2014).
Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos del dictador nicaragüense Daniel Ortega y el panameño José Raúl Mulino se encuentran en un visible deterioro luego que los sandinistas decidieron refugiar a Martinelli en la embajada nica en el país canalero en calidad de asilado político.
Sin embargo, el expresidente y el régimen de Managua han roto todas las normas del derecho internacional referidas a los asilos, pues han convertido la sede diplomática en una especie de centro de mando político para Martinelli, quien opina y participa en política de su país desde la protección que le brinda su refugio diplomático.
Feligreses de los municipios de Estelí, Madriz, Matagalpa, León, Managua, Nueva Segovia y Jinotega denunciaron, ante Artículo 66, que las homilías están siendo ampliamente vigiladas por servidores públicos y fanáticos del régimen sandinista, que manda a ubicarlos en las primeras y últimas filas de las bancas de los templos a anotar cualquier mención que sea crítica o contraria al orteguismo así como fotografiar a los asistentes.
Las fuentes refieren que entre los funcionarios públicos que han sido vistos en labor de vigilancia en los templos católicos hay colaboradores de alcaldías, Ministerio de Educación (Mined) y de la Juventud Sandinista. Estos, además de fotografiar a los feligreses, toman constantes imágenes de los sacerdotes que ofician o asisten en las misas.
«Al parecer cada párroco ya sabe de la estrategia de la dictadura, porque hay personas buenas que les dicen a ellos, y por eso es que hay un gran silencio en la Iglesia, al no poder relacionar nada con política, temas de justicia, paz y libertad en sus homilías», indicó uno de los consultados.
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Además, mencionó que estas personas que son enviadas a vigilar están «pendientes de las palabras del párroco, en especial, los domingos que hay mayor congregación de fieles».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó al Estado de Costa Rica una petición para que detenga un proceso judicial de extradición del campesino opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda y fijó un plazo máximo de cuatro meses para que el gobierno tico responda a dicha solicitud. Así lo informó el líder campesino Medardo Mairena, a través de redes sociales.
La petición hecha por la CIDH, a solicitud de opositores, critica la «detención arbitraria y la falta del debido proceso del derecho a protección internacional, refugio o asilo en Costa Rica, del ciudadano Reinaldo Picado Miranda, quien es sujeto a extradición por parte del régimen sandinista de los Ortega-Murillo», publicó Mairena.
Picado fue acusado por la dictadura de Ortega de «terrorismo» luego de participar en las protestas antigubernamentales en 2018, ingresó a Costa Rica ese mismo año y se giró una orden de extradición en su contra por lo que el gobierno de Costa Rica lo capturó y actualmente se encuentra detenido en el Centro Gerardo Rodríguez Echeverría.