La ONU registra caso de desnacionalización de la abogada Azahálea Solís, dictadura de Ortega tendrá que responder

El 15 de febrero de 2023, la activista feminista y defensora de derechos humanos nicaragüenses Azahálea Solís estaba en su casa, en Managua, dándose un respiro de sus actividades diarias y se dispuso a ver una película, cuando se enteró que la dictadura Ortega-Murillo había despojado de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, pero en esa primera información que le llegó no le decían que ella misma estaba en esa lista.

Minutos después recibió una llamada en la que ya le daban más información confirmando que, efectivamente ella estaba en esa «lista negra» de la dictadura, y le advertían algo peor, que la ponía en extremo peligro. Casi todos los que la dictadura estaba tildando de «traidores a la patria, golpistas y terroristas» y despojando de su nacionalidad estaban fuera de Nicaragua, menos unas pocas «fregonas» como ella y Sofía Montenegro, también desnacionalizada en ese momento, que estaban en Managua.

Entendiendo lo absurdo y antijurídico del caso, la defensora de derechos humanos comentó para sí misma: «por qué me van a quitar la nacionalidad. ¡Qué disparate!, pero si no han abierto ningún proceso», se cuestionó Solís, mientras no caía en cuenta que en realidad esa dictadura no tiene el mínimo empacho en ejecutar sentencias abusivas y sin guardar las formalidades que se esperan de un sistema serio y respetuoso de las leyes.

Pero la suerte ya estaba echada, hasta ese momento los dictadores Ortega y Murillo se estaban saliendo con la suya. Mediante sus operadores políticos en el Poder Judicial arrebataron de su nacionalidad a Solís y 93 compatriotas más, entre los que se contó también al director de Artículo 66, el periodista Álvaro Navarro.

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Azahálea no tuvo de otra que poner su vida y libertad a salvo, aceptando en ese momento que los dictadores tenían las llaves de la prisión en sus manos y a sus esbirros armados, prestos a salir de cacería de opositores, por lo que, como ella misma lo dice: «Tuve que aceptar el destierro, el desplazamiento forzoso a otro país, engrosar la fila de las y los nicaragüenses que vivimos en el exilio. Yo hasta el último momento de ese 15 de febrero de 2023 estaba en Nicaragua y ahora vivo en el exilio», contó en una reciente entrevista con este medio de comunicación.

Además, la feminista es parte de los adultos mayores a los que también les confiscaron sus jubilaciones y sus propiedades. Salió del país con lo que llevaba puesto. «Es una salvajada del medioevo», dijo la defensora al referirse al destierro ejecutado por los tiranos de Nicaragua.

Hasta ese momento, junto con Azahálea Solís, los Ortega-Murillo habían ordenado la desnacionalización de 316 opositores nicaragüenses, condenados a la apatridia, un delito considerado de lesa humanidad por las Naciones Unidas.

Comité de de Derechos Humanos de la ONU registra caso de desnacionalización de Azahálea Solís

El pasado 14 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU registró por primera vez un caso de desnacionalización en Nicaragua a manos de la dictadura; el de Azahálea Isabel Solís Román, abogada y especialista en derecho constitucional, feminista, defensora desde el cancelado Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), integrante se la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

Para la UDJ, el registro del caso de Solís en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, reviste gran importancia por ser primera vez, desde que la tiranía nicaragüense puso en práctica el despojo de nacionalidad a opositores, que esa instancia de las Naciones Unidos hace registro oficial para efectos de seguimiento de un caso de estos y eso permitirá que se tomen en cuenta y se visibilicen todas las desnacionalizaciones.

«El caso puede abrir el camino para la justicia y reformas estructurales en Nicaragua en favor de las víctimas de apatridia desde 2023», dice la UDJ.

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El régimen de Ortega y Murillo ha pretendido presentar ante la ONU el tema de las desnacionalizaciones de opositores como un asunto de «soberanía nacional», es decir, que nadie se debe meter en eso porque es asunto de «Nicaragua con sus ciudadanos».

Para Azahálea Solís, la posición del régimen de Managua es pura «mentira y cinismo» porque los tiranos pretenden imponer en la comunidad internacional que quita las nacionalidades porque son de Nicaragua, «algo así como: la maté porque era mía», ejemplifica la abogada.

Asimismo, la UDJ explica que el registro de la privación arbitraria de la nacionalidad en Nicaragua en el caso de la activista feminista y abogada de esa organización abre hitos para el abordaje de la apatridia en este país centroamericano que desde hace varios años está seriamente cuestionado en la comunidad internacional por una serie de violaciones a derechos humanos.

En primer lugar, dice la organización de abogados, «el comité tiene la oportunidad de sentar un criterio sobre los patrones de represión en Nicaragua, en especial contra las personas defensoras de derechos humanos».

Además, a partir del reconocimiento y registro oficial ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU del primer caso de apatridia en Nicaragua, se puede desarrollar «nueva jurisprudencia sobre varios derechos no contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

Asimismo, «puede ser el primer caso en el que el Comité declare la violación autónoma al «derecho a defender derechos humanos”, marcando un avance importante para la protección de este a nivel mundial».

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Debe tomarse en cuenta, explicó a Artículo 66 la propia abogada Solís, que «es el primer caso que se registra específicamente sobre el patrón de privación arbitraria de la nacionalidad en Nicaragua que se eleva ante el Comité de Derechos Humanos».

Asimismo, el Comité tiene la oportunidad de «sentar un criterio sobre los patrones de represión en Nicaragua contra las personas defensoras de derechos humanos».

Finalmente insisten en que la ONU podrá desarrollar nueva jurisprudencia sobre varios derechos no contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero protegidos por derechos ya contemplados en dicho Pacto, entre ellos, «el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad social, el derecho a defender derechos humanos».

En otras palabras, la dictadura de Nicaragua «tendrá que demostrar que es legal la desnacionalización» de lo contrario, reconocer que la medida es inexistente, además, estos análisis son importantes «para los procesos penales internacionales que se están construyendo», contra los dictadores y su régimen.