Estados Unidos amplió su lista de nicaragüenses que no son gratos para entrar en ese país por corruptos, socavar los procesos democráticos y la institucionalidad en su país.
Esta vez los castigados con esa sanción de la revocación inmediata de la visa estadounidense o la negación de entrada a esa nación son, en su mayoría, los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional, quienes han sido los encargados de seguir las órdenes directas del Ejecutivo para modificar legislaciones o aprobar nuevas leyes en la nación en detrimento de los derechos humanos, la independencia de poderes del Estado y con lo cual le han otorgado al dictador Daniel Ortega mayor control sobre todas las esferas sociales de Nicaragua.
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Entre los diputados que ya no podrán entrar a Estados Unidos, ni tampoco podrán acogerse al parole humanitario, están: Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta del Parlamento, Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional; y Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de ese poder del Estado.
A estos cuatro directivos les fue eliminada la visa por «socavar los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo».
Castigan a procuradora por confiscaciones
En la lista publicada este miércoles, 19 de julio también se encuentra Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de Nicaragua. Estados Unidos la acusa de socavar «los procesos o las instituciones democráticas al utilizar su cargo para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación»
Otras que aparecen son Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete, juezas de la Corte Penal de Apelaciones de Managua. Estados Unidos las ve como una de las principales responsables de suprimir la disidencia nicaragüense al despojarlos de su nacionalidad de origen. En total, a 317 nicas el régimen de Ortega decidió eliminarles este derecho constitucional.
Directivos de la UAF y SIBOIF, entre los sancionados
Igualmente, se menciona a un grupo de miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos, a quienes se les castiga por apoyar el despojo de la nacionalidad, prestarse al congelamiento de cuentas bancarias, a la incautación de activos a las personas afectadas o facilitar información financiera de los ciudadanos afectados.
Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR), Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector de la DNR y Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), conforman ese grupo.
Por último, incluyen a Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. A esta la apuntan por apoyar las confiscaciones de las pensiones a los opositores políticos de la dictadura de Nicaragua sin una base legal.
En el documento, se señala que también son castigados aquellos involucrados «con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigida a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales».
En la lista, que incluye a funcionarios o exfuncionarios públicos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, aparecen los dos expresidentes acusados de corrupción en El Salvador y que figuran como protegidos de Ortega, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
«El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también continúa revisando información creíble adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utiliza todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos», advierten.
