El papa Francisco designó a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa desterrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como miembro del Sínodo de la Sinodalidad que se estará llevando a cabo en Roma entre los días 2 y 27 de octubre de este año.
El Sínodo de la Sinodalidad es una reunión donde el pontífice, en conjunto con obispos de las conferencias episcopales, sacerdotes, religiosos, teólogos, laicos y otros miembros designados por la Santa Sede, podrán discernir sobre la marcha de la evangelización en el mundo actual.
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La primera parte del Sínodo transcurrió del 4 al 29 de octubre de 2023, con la participación de 464 personas, entre obispos, sacerdotes, religiosas y laicos. En esa ocasión, la Iglesia nicaragüense estuvo representada por el laico Néstor Esaú Velázquez de la Diócesis de León.
«En el caso de monseñor Álvarez, él forma parte de un nombramiento directo del Santo Padre y está dentro de los padres sinodales que escogió él de manera directa, y esto es muy importante para la Iglesia de Nicaragua, por lo que podría aportar teniendo voz y voto», señaló el periodista venezolano Rixio Portillo, especialista en temas religiosos.
Para Portillo, la designación de monseñor Álvarez, elegido directamente por el papa, no es casualidad, ya que el máximo líder de la Iglesia católica busca visibilizar la experiencia de persecución y testimonio de fe que está viviendo la Iglesia de Nicaragua.
«Es un reconocimiento, sin duda, a la Iglesia de Nicaragua, a esos testigos de fe de la puerta de al lado como dice el propio papa Francisco. Esto, sin quitar los méritos propios de monseñor Álvarez, que como pastor de una iglesia sufrida, lacerada y perseguida puede ofrecer un testimonio valiente», expresó el también columnista de la revista católica española Vida Nueva.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que al menos 13 laicos detenidos por el régimen de Nicaragua, tras participar en actividades religiosas o estar vinculados a la Iglesia católica, fueron parte del grupo de los 135 excarcelados políticos que fueron desterrados el pasado cinco de septiembre en un vuelo directo a Guatemala.
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El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, resaltó que desde la primera detención de sacerdotes, que ocurrió en junio de 2022, en el país se «estableció un sistema de persecución generalizado contra religiosos, especialmente contra la Iglesia católica, y evidentemente esta situación trascendió de los líderes religiosos hacia los fieles y laicos».
El abogado mencionó, como parte de la persecución contra laicos y personas vinculadas a actividades religiosas, la detención del periodista Víctor Ticay, quien fue secuestrado por el orteguismo tras dar cobertura —el 5 de abril de 2023— a la tradición religiosa La Reseña, durante las festividades de Semana Santa, en Nandaime, un municipio de Granada.
El Gobierno de Estados Unidos —por tercer año consecutivo— incluyó a Nicaragua en la lista de países en los que se considera hay un «tránsito o productores importantes de drogas ilícitas», según la actualización de la lista para el año fiscal 2025 que fue enviada esta semana al Congreso de ese país.
«Por la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos (…) identifico por la presente a los siguientes países como países de tránsito importante de drogas o productores importantes de drogas ilícitas -incluyendo países que son una fuente directa significativa de precursores químicos utilizados en la producción de ciertas drogas y sustancias que afectan significativamente a los Estados Unidos-: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, la República Popular de China (RPC), Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela», refiere el memorándum enviado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Congreso de ese país.
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La misiva indica que «la presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos antidrogas de su gobierno ni su nivel de cooperación con los Estados Unidos» y tampoco «es una sanción ni penalización».
Además, explica que las razones por las que los países que son incluidos en esta lista es por «factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un gobierno ha implementado medidas robustas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley».
