El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó que al menos 13 laicos detenidos por el régimen de Nicaragua, tras participar en actividades religiosas o estar vinculados a la Iglesia católica, fueron parte del grupo de los 135 excarcelados políticos que fueron desterrados el pasado cinco de septiembre en un vuelo directo a Guatemala.
El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que «antes del destierro de las 135 personas había al menos 13 personas que permanecían detenidas, que eran laicas, por haber participado en actividades religiosas».
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Resaltó que desde la primera detención de sacerdotes, que ocurrió en junio de 2022, en el país se «estableció un sistema de persecución generalizado contra religiosos, especialmente contra la Iglesia católica, y evidentemente esta situación trascendió de los líderes religiosos hacia los fieles y laicos».
El abogado mencionó, como parte de la persecución contra laicos y personas vinculadas a actividades religiosas, la detención del periodista Víctor Ticay, quien fue secuestrado por el orteguismo tras dar cobertura —el 5 de abril de 2023— a la tradición religiosa La Reseña, durante las festividades de Semana Santa, en Nandaime, un municipio de Granada.
«Antes de esta excarcelación y otras detenciones habíamos contabilizado aproximadamente 65 personas religiosas que habían sido procesadas y muchas de ellas condenadas. Incluso, en esas 65 personas religiosas al menos 10 fueron procesadas en ausencia, que formaron parte de la lista de los 94 que fueron desnacionalizados en 2023», apuntó Marenco.
Persecución «intensa y sistemática»
El Colectivo de Derechos Humanos, en su boletín 4 sobre «Libertad de religión en Nicaragua», señaló la persecución a estos laicos, apuntando que, entre el 1 de abril y el 15 de julio pasado, en el país documentaron «múltiples violaciones a la libertad de religión», lo cual quedó evidenciado en «detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización y mensajes de odio».
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Los defensores denunciaron, en el documento, que en dicho período el régimen orteguista incrementó los hostigamientos contra laicos y lideres religiosos, sobre todo expulsando a congregaciones y clausurando organizaciones no gubernamentales de tendencia religiosa, esto con el fin de «debilitar económicamente a la Iglesia».
Hasta el 15 de julio pasado, el Colectivo tenía contabilizada la cancelación de al menos 419 organizaciones asociadas a la iglesia católica o grupos evangélicos. El número de oengés religiosas canceladas a la fecha es mayor, ya que el orteguismo arrasó —el pasado 19 de agosto— con 1,500 organizaciones y asociaciones sin fines de lucro, la mayoría de estas vinculadas a iglesias evangélicas y católicas.
El impacto de toda esta persecución, detenciones, cancelaciones, destierros, restricciones de ingreso a Nicaragua, a juicio del abogado Marenco —además de causar que muchas iglesias queden vacías— genera en la población «temor de profesar su fe, participar de actividades aunque sea dentro de los templos, porque no se puede participar de ninguna actividad pública religiosa».
Explicó que la persecución contra las personas vinculadas a las iglesias no solo se ha dado a través de la criminalización sino también en «espacios no judiciales, por ejemplo, la prohibición de procesiones, que esto es un impacto directo y que si lo haces directamente te expones a ser detenido, o expresar algún tipo de opinión a favor de la iglesia católica o sacerdote detenido».
Crímenes de lesa humanidad contra laicos
El boletín 4 sobre «Libertad de religión en Nicaragua» también refiere que en el país el hostigamiento y detenciones «son el pan de cada día en diversas ciudades», donde se ha documentado arrestos y vigilancia constante.
Los defensores documentaron la expulsión y desplazamiento forzado de 200 personas religiosas y el incremento de la vigilancia sobre las actividades que realiza sobre todo la Iglesia católica.
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«Los feligreses o laicos no solo son detenidos, sino también obligados a fabricar delitos contra los sacerdotes o miembros de la iglesia Católica a través de detenciones exprés o amenazas», señala el boletín del Colectivo.
El abogado Marenco explicó que como organización han identificado cuatro etapas para la criminalización, principalmente contra la fe, contra la iglesia católica, evangélica, y, esta última etapa, «está inminentemente marcada por destierro, detenciones ilegales, incluso ahora desnacionalización y desaparición forzada, es decir, crímenes de lesa humanidad que se siguen perpetrando cada día en el país».
Algunos de los laicos que desde el año pasado fueron detenidos por el orteguismo y fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados el pasado 5 de septiembre, que el Colectivo además documentó en su boletín sus detenciones, que ocurrieron en diciembre del año pasado, fueron Julio Sevilla Berríos, María Herrera Galeano, Freydell Sevilla y Santos Sevilla.