La cacería que ha perpetrado la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia Católica de Nicaragua nuevamente queda grabada en las cifras. La abogada Martha Patricia Molina, a través de la quinta entrega de su sistematización «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», presentada de forma virtual este 15 de agosto, reveló que desde abril de 2018 hasta julio de 2024, el régimen de Nicaragua ha perpetrado 870 agresiones contra la institución religiosa.
La investigadora y defensora de derechos humanos apuntó que entre las agresiones se incluyó el exilio forzado de 245 sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos y obispos.
Además, detalló que entre esos 245 personas que salieron de Nicaragua se sumó 46 destierros, ordenados por la dictadura Ortega Murillo contra sacerdotes, obispos y seminaristas; 90 expulsiones, 81 correspondientes a religiosas; 44 prohibiciones de ingresos, 10 de estos de religiosas; y 65 exilios forzados.
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Entre enero y julio de este año, explicó la abogada nicaragüense, se registraron 50 de estas salidas que corresponden a exilios, destierros, expulsiones y prohibiciones de ingresos contra sacerdotes, obispos, seminaristas y religiosas.
Ataques registrados
Molina aseguró que en los últimos más de cinco años se han documentado 870 hostilidades o agresiones contra la Iglesia Católica, detallando que estas correspondieron a 92 en 2018; 88 en 2019; 64 en 2020; 56 en 2021; 171 en 2022; 307 en 2023; y 92 de enero a julio de 2024.
Denunció que, además de las 92 agresiones que se documentaron entre enero y julio pasado, también llevan registros de varias agresiones ocurridas en los primeros días de agosto, por lo que, lamentó, este año podría cerrar «igual o peor» que 2023.
Una de las agresiones más recientes, recordó la experta, fue la profanación del sagrario de la Parroquia Monte San Juan, de la Diócesis de Granada, que fue denunciada el 13 de agosto pasado en las redes sociales de esa sede religiosa, pero, según laicos que consultó, fue borrada tras el asedio policial y presiones que sufrieron por dicha publicación.
Molina resaltó que en este año han documentado al menos 15 profanaciones, mismas que las parroquias han decidido no publicar justamente por temor a la represión que puede desatar el régimen orteguista. En este mes, cabe mencionar, también ocurrió el destierro de siete sacerdotes, que el régimen envió a Roma tras mantenerlos bajo «seminario por cárcel».
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La defensora Molina resaltó que en el país también se ha violentado la libertad religiosa de miles de nicaragüenses, pues su estudio revela que de abril de 2018 a julio de 2024 se ha prohibido 9,688 procesiones y actividades religiosas a través de la Policía Nacional.
«La Policía ha amenazado a obispos y sacerdotes diciéndoles que tienen que hacer las actividades a lo interno de los templos, de sus parroquias (…) Las amenzas que hacen es que si no hacen caso van a encarcelar a los sacerdotes encargados de esas parroquias», denunció Molina.
Además, incluyó entre las agresiones un total de 72 mensajes de odio extendidos por los dictadores Ortega y Murillo, 56 profanaciones, 39 robos y 14 pintas a edificios religiosos, la confiscación de 19 propiedades y el cierre de 19 medios de comunicación ligados a la Iglesia Católica, registrados entre abril de 2018 y julio de 2024.
Martha Patria Molina remarcó que todos estos datos a penas son una muestra de la persecución que sufre la Iglesia Católica de Nicaragua.
