El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que la embajada de Nicaragua en territorio panameño trasladó sus operaciones a una casa antigua de la capital canalera. Según la información del diario La Prensa de Panamá, el edificio se ubica en la urbanización La Alameda, corregimiento de Betania. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó que este cambio fue realizado «sin su consentimiento».
Desde el pasado siete de febrero, la propiedad donde antes operaba el consulado nicaragüense es ocupada por el expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, quien reside ahí como asilado político de la dictadura orteguista.
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Por medio de la nota No. 46 NIC 20245, enviada el pasado cuatro de marzo, el consulado de Nicaragua notificó a las autoridades panameñas que, a partir de ese día, «nuestra embajada funcionará desde el dúplex número 61 A y 61 B».
No obstante, cuatro días después, la Cancillería panameña respondió con un comunicado donde afirma que «no reconoce» el traslado de la sede diplomática, la cual, según denuncias, había dejado de ofrecer sus servicios a los nicaragüenses radicados en el país canalero.
Las autoridades panameñas aseguraron que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en su artículo 4, expresa que «el Estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor».
Embajada sin funcionar
El pasado 22 de febrero, nicaragüenses residentes en el país canalero denunciaron que al solicitar algún trámite en su consulado les informaron que estaría «cerrado hasta nuevo aviso». Los compatriotas reportaron que aunque la sede diplomática se encuentra «sin funcionar», los familiares, amigos y abogados de Martinelli «pueden entrar y salir todos los días».
La connacional Claudia López expuso al medio de comunicación TVN2, de Panamá, que «necesita gestionar un permiso de trabajo porque, aunque tiene su cédula, sin este no puede laborar, ya que su pasaporte está vencido». Sin embargo, el consulado nicaragüense no le brindó ningún tipo de atención.
«El consulado no está atendiendo, tienen un letrero afuera que dice ‘hasta nuevo aviso’. Llamas a los números de teléfono y ya los desconectaron. No hay respuestas, no te dicen vamos a atender tal día», declaró la trabajadora.
La compatriota pidió, en nombre de la comunidad nicaragüense residente en territorio panameño, que el consulado haga una «excepción para que las gestiones de sus documentos puedan avanzar». «O por lo menos que lo hagan las autoridades, si el consulado no sale a dar la cara», expresó.
Un asilado de Ortega
Después de autodeclararse «perseguido político» y afirmar que su vida corre peligro en Panamá, el exjefe de Estado se metió a la embajada de Nicaragua y de inmediato solicitó asilo político. Ortega, que es conocido por acoger a varios expresidentes perseguidos por la justicia de sus respectivos países por corrupción, de inmediato aprobó el asilo.
El exmandatario derechista, de 71 años, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014 y aspiraba a volver al poder en comicios de mayo próximo, fue condenado en julio de 2023 a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
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Sin embargo, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó la negativa de brindar un salvoconducto para el expresidente. Actualmente, sigue refugiado en la embajada, hasta donde ha llevado muebles, máquinas de ejercicio, alimentos y a su mascota.
Ortega ha concedido asilo a otros expresidentes y exaltos funcionarios centroamericanos que enfrentan problemas con la justicia, entre ellos los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).