La Cancillería de Panamá envió un «formal» y «enérgico» llamado de atención al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, debido a que el expresidente Ricardo Martinelli, desde su condición de asilado en la embajada nicaragüense, realiza acciones y comunicaciones que «buscan incidir en la política doméstica panameña».
En la misiva, presentada el martes, 27 de febrero, el gobierno de Panamá «rechaza la actitud permisiva» de la jefa de la Misión Diplomática nicaragüense, embajadora Consuelo Sandoval Meza, por las «reiteradas declaraciones» y «otras acciones» que de forma pública realiza el político, condenado por «corrupción» y «blanqueo de capitales».
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De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño reiteró el llamado a Sandoval Meza, «respecto a la obligatoriedad de que se preservarán las funciones que está llamada a cumplir dicha embajada», así como a «resguardar que la misma no fuera utilizada de manera incompatible, de conformidad con lo señalado en el Artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961».
Por tal motivo, la Cancillería panameña recordó a su institución homóloga nicaragüense que «su Misión Diplomática tiene la ineludible responsabilidad de no permitir la práctica de actos contrarios a la tranquilidad pública».
«Deben asegurar que la conducta del señor Martinelli Berrocal se mantenga dentro de los límites establecidos, sin afectar los propósitos y funciones de la representación diplomática y menos aún, interviniendo en los asuntos internos de Panamá», advierte la nota.
Ya tiene orden de detención
El pasado 22 de febrero, una jueza panameña ordenó la detención del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua desde hace dos semanas tras perder su último recurso para evitar una condena a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales.
La magistrada Baloísa Marquínez ordenó la «detención preventiva de un expresidente de la República dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico, en el denominado caso New Business», indicó el poder judicial en un comunicado.
La jueza Marquínez argumentó además que existe un «riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado» quien ingresó el 7 de febrero a la embajada de Nicaragua en Panamá, donde solicitó asilo político, concedido de inmediato por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un asilado de Ortega
Al día siguiente lanzó su campaña electoral, pero posteriormente ingresó a la embajada nicaragüense. Ortega le concedió asilo alegando que es «perseguido por razones políticas y su vida se pone en riesgo inminente».
El exmandatario derechista, de 71 años, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014 y aspiraba a volver al poder en comicios de mayo próximo, fue condenado en julio de 2023 a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
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Ortega ha concedido asilo a otros expresidentes y exaltos funcionarios centroamericanos que enfrentan problemas con la justicia, entre ellos los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).