Ortega permite fiestas patronales en Diriamba por el «jolgorio» y no por la «parte espiritual»

Después de silenciar el fervor público de los católicos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitió que los pobladores salieran a las calles para celebrar procesiones realizadas en honor a San Sebastián, el santo patrono de Diriamba, Carazo.

A pesar de que el régimen nicaragüense había «prohibido» el tradicional tope de Santos, las parroquias diriambinas compartieron en sus redes sociales el desborde de la alegría y devoción religiosa de los creyentes, que participaron en otras actividades festivas previas a la celebración de San Sebastián del sábado, 20 de enero.

Sin embargo, la dictadura concedió el «permiso» de celebrar en las calles a los santos días después de que desterrara a 19 religiosos al Vaticano, en Roma, entre los que se incluyen el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y el obispo de Siuna, Costa Caribe Norte, monseñor Isidoro Mora.

Para Israel González Espinoza, periodista especializado en temas religiosos, este solo es otro intento del régimen de «engañar» a sus simpatizantes y vender a la comunidad internacional la imagen de que en Nicaragua «se puede vivir la fe católica de manera normal».

«Al régimen le interesa que haya baile, jolgorio y despiporre, no le interesa la parte espiritual. Quiero ver si realmente ha permitido a las autoridades eclesiásticas de Diriamba celebrar la eucaristía sin tener asedios, sin ningún tipo de presión», puntualizó González.

Desde su exilio en España, el periodista recordó las palabras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el pasado 19 de enero respecto a la persecución religiosa desatada por la dictadura orteguista. «La situación de la Iglesia de Nicaragua no es una situación normal, tampoco hay una normalización del fenómeno religioso. En el país sigue el asedio del régimen, el control de las parroquias a los feligreses, se ha expulsado a tres sacerdotes y se ha despojado una personalidad jurídica a una congregación religiosa», denunció González.

González consideró que si en Nicaragua permaneciera una auténtica libertad religiosa, «las eucaristías podrían desarrollarse en un ambiente completamente libre sin ningún tipo de presión» por parte del régimen sandinista.

El periodista destacó que un informe de la Organización Internacional Puertas Abiertas, publicado esta semana, certificó que en Nicaragua hay una creciente persecución religiosa «debido a la paranoia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por mantenerse en el poder»

Noticia relacionada: Informe sobre libertad religiosa confirma que persecución a la Iglesia se debe a la «paranoia dictatorial»

De igual manera, indicó que las denuncias hechas por organismos internacionales desmienten el discursos de la vicepresidenta del país, quien afirma que en Nicaragua hay seguridad para la Iglesia católica y sus miembros. «Como portavoz del gobierno, Murillo dice que existe libertad religiosa en Nicaragua, pero los organismos internacionales, tanto seculares como católicos, han confirmado que existe una persecución religiosa y que esta no se ha detenido», sostuvo González.

Ortega quiere la fe católica «dentro del templo»

En la Semana Santa del año que recién finalizó, se calcula que se dejaron de realizar más de tres mil procesiones en las vías públicas del país, porque a ningún sacerdote se le permitió salir a las calles con imágenes como ocurría en el pasado, antes del orteguismo.  

El año pasado, el padre Edwin Román desde su exilio en los Estados Unidos aseguró que Nicaragua vivía una Semana Santa «escandalosa e inaudita».

Noticia relacionada: ¿El régimen de Nicaragua permitirá procesiones en Semana Santa?, la duda de los católicos

En Nandaime, la Policía arrestó al periodista Víctor Ticay por dar cobertura a una actividad religiosa que intentaron realizar unos fieles, pero que al instante fue cercada por agentes armados.

El régimen acusó al comunicador de difundir información falsa y conspirar para desestabilizar «la integridad nacional» por lo cual recibió una condena injusta e ilegal de ocho años de cárcel.