Dictadura justifica, con cinismo, las confiscaciones a opositores, ONG e Iglesia: Son «restituciones» para el pueblo

La Procuraduría General de la República (PGR), al servicio de la dictadura Ortega-Murillo, informó el 17 de mayo, con una alta dosis de cinismo, que en Nicaragua no existe la confiscación y que todas las propiedades «robadas» a opositores, a la Iglesia y a ONG, son «recuperes» a favor del Estado y restituciones a favor del pueblo de Nicaragua.

En una nota de prensa dada a conocer la tarde del viernes, la PGR notificó que «como representante legal del Estado» hace saber a los nicaragüenses que «el Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la propiedad privada, en conformidad con lo establecido en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes».

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En consecuencia, la institución que funge como «abogado del Estado»; pero que se ha  convertido en uno de los mayores agentes represivos de la dictadura, asegura que «al Estado le han sido transferidas y ha recuperado legalmente, para el pueblo nicaragüense, propiedades derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses».

Agrega que otras propiedades han sido pasadas al Estado producto de resoluciones administrativas «por incumplimiento a las legislaciones que regulan a los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL)». Además, sostiene que en esos casos «lo que ha prevalecido es la restitución del Estado sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente mediante subterfugios legales».

Esa respuesta se dio luego que el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la organización Hagamos Democracia, en alianza con el periodista investigativo Wilfredo Miranda Aburto, elaboró un reporte sobre «la punta del iceberg» de las confiscaciones ilegales de bienes e inmuebles, pertenecientes a opositores, que fueron ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El trabajo revela que con el inicio de esta nueva «piñata» la dictadura sandinista se ha robado, según los primeros cálculos, unos 250 millones de dólares, aunque esta cifra es solo el comienzo de una deuda que «continúa aumentando» y que todos los «nicaragüenses deberán pagar en el futuro».

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La investigación afirma que esto es solo «la punta del iceberg» de las nuevas confiscaciones porque hasta ahora solo se documentan 36 casos de atracos oficiales, que suman 78 propiedades con un valor total de casi 18 millones de dólares, que fueron robadas a los críticos del gobierno.

La mayoría de esas propiedades están ubicadas en Managua y representan viviendas personales y vacacionales, terrenos, fincas y módulos comerciales. Muchas de ellas han sido transferidas a entidades estatales como el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).

Desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha clausurado 3,494 ONG, especialmente después de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros en octubre de 2020. Hasta abril de 2024, según la investigación OPTA,  han confiscado 41 propiedades de 30 organizaciones, con un valor total aproximado de 8,4 millones de dólares.

En el caso de la empresa privada, la dictadura les canceló 35 cámaras y asociaciones empresariales, incluyendo el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cuya sede valorada en 500,000 dólares fue confiscada. El informe también incluye las confiscaciones de las universidades y la Iglesia católica. 

Sin embargo, aún con todas esas evidencias, la PGR indica en su comunicado que , «en base al artículo 4 de nuestra Constitución Política, referente a los derechos individuales, deberes y garantías del pueblo nicaragüense, las propiedades que han sido transferidas y devueltas al Estado se han destinado para beneficio de nuestra población».