La dictadura de Ortega y Murillo «apuñaló» a los trabajadores del Estado al reformar el Código del Trabajo y confiscarles su derecho a una indemnización por antigüedad a servidores públicos que renuncien antes de cumplir los tres años de labores, o entregar apenas un mes de salario para quienes tengan hasta 10 años trabajando en las dependencias gubernamentales, por lo que, en un intento de «sobarlos» para suavizar el golpe propinado un día antes, el régimen entregó «por adelantado» el aguinaldo, este 24 de noviembre.
En diferentes redes y medios oficialistas se publicaron fotos de colaboradores del Estado que ya recibieron su aguinaldo. En una nota de El 19 Digital se comentó que «los servidores públicos se han mostrado contentos y agradecidos porque este ingreso les viene a ayudar a solventar necesidades básicas del hogar, deudas, alimentación, recreación y prepararse para la temporada navideña», pretendiendo hacer ver como que el aguinaldo es un regalo del «bondadoso» comandante y no un derecho establecido en las leyes del país desde el somocismo.
Como es costumbre de la propaganda gubernamental, las publicaciones en los medios oficialistas incluyen supuestas declaraciones de los trabajadores estatales a quienes hacen salir agradeciendo a Ortega y Murillo por la entrega del aguinaldo. Por ningún lado les mencionan que es un derecho.
Cambios en la indemnización de los trabajadores públicos
La Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en casos de renuncia de los trabajadores del Estado es una reforma aprobada por la Asamblea Nacional. Consiste en que los trabajadores públicos tienen derecho a indemnización a partir de 3 años trabajados.
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La nueva ley incluye a todos los trabajadores del sector público: A los cuatro Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como a los Entes Autónomos, Gubernamentales y los municipios y órganos de la Costa Caribe, según especifica la normativa.
La disposición protegió a los ministros, embajadores, asesores presidenciales, funcionarios y delegados que sean designados expresamente por Ortega, que de por sí tienen altos salarios y privilegios. «La indemnización por antigüedad en caso de renuncia no es aplicable para los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar cargos por nombramiento del presidente de la República», se lee en el artículo 5 de la nueva ley.
