La Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandó a publicar en La Gaceta, el diario oficial del Estado, número 214, este viernes, 24 de octubre, le reforma al artículo 159 constitucional, que acabó con la obligatoriedad de entregar el 4% del Presupuesto General de la República (PGR) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Se mandata la publicación de esta primera aprobación en primera legislatura en La Gaceta, Diario Oficial. Una vez sea aprobada en segunda legislatura, la presente Ley de Reforma al artículo 159 de la Constitución Política de Nicaragua, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial», establece la certificación enviada por la Primera Secretaría del Parlamento, a cargo de la sandinista Loria Raquel Dixon.
En la misma Gaceta número 214, el dictador Ortega, por su parte, oficializó la publicación de dos nuevas leyes. Primero, la 1172 o Reforma a la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua. Esta reforma en realidad cambia únicamente lo relacionado a la obligatoriedad que tenía el Estado de entregar íntegro el 4% del PGR y ahora establece, en el artículo 84, que el Poder Judicial solo «recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones», es decir, que deja a la Corte Suprema de Justicia bajo supeditación financiera del Ejecutivo.
Por último el gobernante manda a oficializar la Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado, bajo el número de Ley 1173. Esta es la legislación que modificó la tabla para el pago de las liquidaciones por antigüedad para los servidores públicos y ahora establece que si un trabajador renuncia sin haber cumplido los tres años en la función, se va con cero pesos por antigüedad y si ha trabajado hasta 10 años, apenas obtendrá el equivalente a un mes de salario.
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Esta es la ley que también establece que el trabajador tiene que desempeñarse durante más de 20 años para poder recibir los cinco salarios que antes podía percibir al cumplir seis años de trabajar en cualquier institución pública del país.
Ortega «quita y pone» cargos
En la misma publicación, el tirano sandinista informó sobre tres nuevos acuerdos presidenciales relacionados con movimientos en la jerarquía del Ministerio de la Familia.
Mediante el Acuerdo Presidencial 228-2023, la dictadura orteguista ordenó dejar sin efecto el nombramiento de Olga Escobar Fonseca, ahora exministra de la Familia, que había sido asignada a ese cargo el pasado 20 de octubre.
Mientras que en el acuerdo presidencial 229-2023, Ortega da cuentas de la restitución en el mismo cargo de titular de MiFamilia de Johana Vanessa Flores Jiménez. No se dio ningún tipo de explicación sobre por qué Flores Jiménez fue separada de su cargo hace un mes, y luego fue designada en el mismo puesto.

La funcionaria había fungido como ministra de la Familia desde el 7 de julio de 2018. Flores Jiménez ha sido la encargada de aprobar el cierre de centros de acogida y protección a niños, niñas y adolescentes en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018. También ordenó la expulsión de madres adolescentes que estaban internadas en uno de los centros de la organización Casa Alianza, en Managua, cuya personería jurídica fue cancelada de forma arbitraria por la Asamblea Nacional.
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La publicación del Diario Oficial también contiene el Acuerdo Presidencial 230-2023 con el cual la Presidencia deja sin efecto el nombramiento de Ana Valeria Molina Munguía, viceministra para Asuntos de Juventud, Adolescencia y Niñez quien también había sido nombrada el mismo día que Escobar Fonseca. No se anunció quién ocuparía su cargo.