El dictador Daniel Ortega no se detiene en su carrera desenfrenada por concentrar en sus manos más poder y para ello ordenó este viernes, 24 de noviembre, a los diputados a su servicio otra reforma a la Constitución Política de la República, esta vez para quitarle al Legislativo la potestad de nombrar al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los diputados subordinados al dictador aprobaron por unanimidad, en primera legislatura, la reforma parcial al artículo 138 de la Constitución, para suprimir la «facultad constitucional» que hasta ahora tiene el Poder Legislativo de elegir al procurador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Dicha facultad es transferida al Procurador General de la República, es decir al abogado del Estado que está ya bajo las órdenes del mismo Ortega, que tendrá ahora como subordinado y será el encargado de quitar y poner al titular de esa dependencia que en el papel, se encarga de la defensa y promoción de los derechos humanos.
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De esta manera Ortega sigue despojando de facultades a la Asamblea Nacional. Esta es la segunda reforma parcial a la Carta Magna en dos días consecutivos que ordena el dictador. Un día antes mandó a reformar el Artículo 159 de la Ley Suprema del Estado para despojar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 4% del presupuesto General de la República que por mandato constitucional le correspondía.
Esta nueva reforma a la Constitución deberá ser ratificada en segunda legislatura el próximo año y solo ahí daría paso a las nuevas funciones de la Procuraduría General de la República sobre la Procuraduría de Derechos Humanos, sin embargo, el régimen va a paso acelerado y no respeta esos formalismos.
En una misma votación aprobó la derogación de la Ley 212, Ley de Creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, publicada en La Gaceta el 10 de enero de 1996, y aprobó una nueva ley de 11 artículos de «creación» de la nueva Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como ente adscrito a la PGR.
Nueva Procuraduría de Derechos Humanos
Según los diputados orteguistas, la nueva institución seguirá siendo un «ente autónomo del Estado», y supeditado a la Constitución Política y las leyes.
La nueva PDDH tendrá personalidad jurídica y, supuestamente, «autonomía funcional y administrativa». Según el artículo 5 de la Ley Creadora, la PDDH podrá contar con las procuradurías especiales que estime pertinente.
De paso han ordenado que todos los bienes, vehículos y presupuesto que estén a nombre de la PDDH deberán pasar a nombre de la PGR, además, el monto presupuestario le será asignado del Presupuesto General de la República que cada año también decida el Ejecutivo.