El 18 de noviembre de 2023, Nicaragua se retiró oficialmente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hace dos años la dictadura anunció esta decisión por las críticas del organismo contra las fraudulentas elecciones nicaragüenses de 2021, sin embargo, el grupo opositor Monteverde consideró que la renuncia fue también un «intento de evadir el repudio de la comunidad internacional».
En el comunicado difundido por Monteverde, la agrupación señaló que pese a su salida de la OEA, «las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos se mantienen vigentes por los numerosos instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal y la Carta Interamericana de Derechos, de los que nuestro país es suscriptor».
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De igual manera, agradecieron el compromiso que la OEA ha mantenido con el pueblo de Nicaragua, acompañando a los ciudadanos en las demandas de «democracia, justicia y respeto a nuestros derechos». Monteverde también instó a la entidad, en consonancia con la resolución del Consejo Permanente del pasado ocho de noviembre, a establecer «un mecanismo permanente de seguimiento a la situación en nuestro país, misma que cada día se agrava más por el modelo totalitario establecido».
Los opositores aseguraron que los organismos como la OEA, «desempeñarán un papel coadyuvante indispensable en la transición democrática en Nicaragua». Los opositores reiteraron su compromiso con «la construcción de una fuerza política plural y beligerante» y que pueda enfrentar «cívicamente a la dictadura hasta desalojarla del poder» y asegurar una «transición democrática».
Barrida en el Poder Judicial: Una represión de Ortega a los suyos
En las últimas semanas, el régimen orteguista invadió con policías el Sistema Judicial y ha destituido a más de mil trabajadores, entre magistrados, jueces y funcionarios de distintos rangos, varios de ellos se encuentran detenidos y aislados. Según Monteverde, «esto es para su afán de perpetuarse en el poder y asegurarse impunidad. Sin importar si violentan su propia pretendida legalidad».
«Desde el 2007, el aparato judicial y sus magistrados han estado al servicio de la dictadura condenando a ciudadanos inocentes, promoviendo la impunidad a criminales orteguistas y practicando y encubriendo la corrupción. Hoy, las luchas intestinas y los conflictos internos propios de la mafia, los ha llevado a ejecutar estos actos escandalosos y de purgas que reiteran el estado totalitario y de absoluta inseguridad jurídica que se vive en Nicaragua», señaló el informe del grupo opositor.
Durante una conferencia virtual de prensa, Tamara Dávila, integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), destacó que «aunque el régimen intente aparentar fortaleza, con esto muestra su debilidad». «El régimen se sostiene en el poder producto de tres pilares, uno de ellos es el Poder Judicial, y que este se encuentre tambaleándose y que hayan por lo menos ocho magistrados que no han sido nombrados desde hace más de un año, es síntoma de la paranoia de Ortega y de Murillo y de la desconfianza que hay en su propia gente», señaló la activista política.
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«El régimen está cada vez más aislado, porque nadie puede mantenerse por demasiado tiempo sin un mínimo de apoyo de sus ‘pilares del poder’ y el Poder Judicial es uno de los que está siendo más afectados». La excarcelada política expresó su preocupación por los trabajadores que resultaron perjudicados por las purgas, señalando que a los funcionarios le «están siendo vetados sus derechos humanos» y que eso demuestra «la sanguinaria manera de actuar del régimen».
«Vemos un Daniel Ortega y una Rosario Murillo incapaces de mantener las lealtades de su círculo más cercano. Está por verse qué pasa con la Policía Nacional y con el Ejército, que son otro de sus pilares», concluyó Dávila.