Desde el 24 de octubre del 2023, a partir de la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha atizado la «barrida» en el Poder Judicial. En total se cuentan unos 900 funcionarios despedidos, entre magistrados, jueces, administrativos, personal de informática y asesores.
En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), el exfuncionario judicial y especialista en administración de justicia Yader Morazán mencionó personas cercanas a la dictadura que son víctimas de los despidos masivos que hay en el Sistema Judicial.
El 12 de noviembre del 2023, Morazán publicó que el juez Henry Antonio Morales Olivares perdió su trabajo en la CSJ y su esposa también quedó en el desempleo. El juez fue el «verdugo de los primeros presos políticos del 2018» y colaborador de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Henry Morales está obligado a quedarse en Nicaragua porque no puede pedir asilo político debido a su historial criminal de colaborador en la encarcelación física, manipulación de la justicia y violación de derechos humanos.
Otro de los funcionarios corrido fue el hijo del propio Daniel Ortega, de nombre Camilo Daniel Ortega Herrera, quien trabajó por más de una década en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Su madre fue la guerrillera Leticia Herrera y, a pesar de ser hijo de Daniel Ortega, se encuentra en el desempleo como otro colaborador más.
Reyna Montealegre también figura entre los nombres de los despedidos de la CSJ. A pesar de estar en una lucha contra el cáncer, perdió su empleo sin derecho a liquidación o seguro social. Ella fue expareja de Néstor Moncada Lau, aunque esta conexión no evitó su despido.
Montealegre era esposa del coronel Cubano Renán Montero Corrales (conocido como Andrés Barahona López), fue partícipe del proceso revolucionario antes de 1979 y, debido a su apoyo a la lucha, le dieron el título de comandante. A su vez, llegó a ser asistente del ministro de defensa Humberto Ortega.
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Por último, el 13 de noviembre del 2023 Morazán denuncia que la estructura menos afectada dentro del Poder Judicial fue la “juventud sandinista”, organismo fiel a la dictadura de Ortega y Murillo, asegura que están «casi intactos».
La reestructuración del Poder Judicial
Desde la arremetida contra la magistrada Alba Luz Ramos, la CSJ sufre de distintas medidas para cambiar su control. El 31 de octubre la Asamblea Nacional le quitó la facultad de nombrar a registradores públicos o de sancionarlos, a su vez le negó la facultad de revisar los registros públicos.
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Desde la destitución de Alba Luz Ramos, 900 personas han perdido su empleo. Incluye nombres como la magistrada Yadira Centeno junto a su hija Lucia Flores Centeno, los magistrados liberales Virgilio Gurdián y Manuel Martínez y la magistrada de la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua Adda Vanegas Ramos.
A pesar de haber seguido con las instrucciones dadas por la dictadura desde las protestas del 2018, la CSJ fue tomada por la Policía enviada por Rosario Murillo para tener un control absoluto del Sistema Judicial. La toma policial de la CSJ es comandada por el comisionado general Horacio Rocha, quien fue reactivado por la pareja presidencial y fue nombrado Asesor Presidencial en Temas de Seguridad con rango de ministro. Según diversas fuentes, es el que manda a la policía.
