La dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó cancelar la personalidad jurídica a otras 16 organizaciones sin fines de lucro, alcanzando así, más de tres mil ONG «descabezadas».
Entre las ilegalizadas están siete asociaciones evangélicas que no se salvan de la arremetida que desde el 2018 la administración orteguista ha ejecutado en contra de organizaciones no gubernamentales.
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A como ha sucedido con las decenas de ONG canceladas, el Migob, a través del acuerdo ministerial número 93-2023, acusa a estas 16 organizaciones de incumplir con sus obligaciones ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Argumenta, además, que la nueva «decapitación» se debe a que no reportaron por períodos entre tres has 27 años sus estados financieros conforme a períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones —origen, proveniencia y beneficiario final— y sus juntas directivas.
Las 16 organizaciones a las que la dictadura ilegaliza y confisca sus bienes son las siguientes:
1. Asociación Instituto de Auditores Internos de Nicaragua (IAIN)
2. Fundación Cristiana Niños Joyas de Cristo
3. Fundación para la Comunicación Social Social Luciérnaga, con más de 22 años de existencia.
4. Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas (CJA)
5. Fundación Aprender Nicaragua (FUNAPRE)
6. Fundación Yelba Carvajal Jirón (Fundación Carvajal)
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7. Asociación Ministerio Enmanuel (M.E)
8. Fundación Jan Amos Comenius
9. Fundación Evangélica Jesús mi Razón de Vivir (FEJERAVI)
10. Asociación de Exportadores de Café (ADECAFE)
11. Asociación Iglesia de Dios en Cristo Jesús
12. Fundación Visión Nuevo Sol, Dios con Nosotros (FUNVISOLD)
13. Asociación Misión El Poder del Espíritu Santo, Fe, Esperanza y Amor A.MP.E.S)
14. Asociación Hogar Rancho Hebrón, Carazo (HRCH)
15. Asociación Evangelística Jesús la Luz del Mundo de Nicaragua (AEJLMN)
16. Fundación Déjame Intentarlo (Déjame intentarlo)
El Ministerio de Gobernación justifica que «las 16 OSFL antes mencionadas han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB».
«Al no reportar sus juntas directivas y estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó Personalidad Jurídica», agregó.
En cuanto al destino de los bienes muebles e inmuebles, el Migob estableció que corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.
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Con esta nueva ilegalización, la dictadura sobrepasa las 3,400 organizaciones ilegalizadas en Nicaragua, entre las que están universidades, gremiales privadas, defensorías de derechos humanos, entidades religiosas, feministas, entre otras.
El cierre de las diferentes organizaciones ha sido motivo de criticado tanto nacional como internacionalmente por organismos de derechos humanos que mandan al dictador Daniel Ortega cesar la represión.
