Organismo hondureño, preocupado por cancelación de ONG nicaragüenses: «Son indispensables para promover la paz»

La plataforma juvenil ambientalista Sustenta Honduras manifestó su preocupación ante la nueva arremetida del régimen de Nicaragua que dejó a 25 organizaciones de la sociedad civil sin personalidad jurídica. El organismo destacó la labor del ilegalizado Centro Humboldt en Nicaragua.

A través de un comunicado, la entidad ambientalista reiteró que «la sociedad civil es indispensable para promover la paz, los derechos humanos, y el desarrollo sostenible, por lo que expresamos nuestra solidaridad con las personas que integran dichas organizaciones».

Además, Sustenta Honduras resaltó el liderazgo del Centro Humboldt en la región latinoamericana a través del Climate Action Network (CAN-LA) y agradeció el apoyo que la organización nicaragüense ha brindado a su plataforma ambientalista.

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El Centro Humboldt calificó como un «proceso arbitrario» la cancelación de su personalidad jurídica y denunció que desde el 2020 el Ministerio de Gobernación (Migob), se ha negado a recibir su documentación legal y financiera, utilizando argumentos «no apegados a los establecidos al marco regulatorio».

El organismo ambientalista manifestó que pese a esta medida van a continuar trabajando en pro de las causas ambientales, la protección, conservación de los recursos naturales y desarrollo territorial. «De igual manera, nos solidarizamos con todas las asociaciones y fundaciones que, junto a la nuestra, hoy sufrimos este proceso arbitrario», manifestó.

El Centro Humboldt se enfoca en promover el desarrollo territorial mediante la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. La labor institucional se organiza con base en una política de alianzas con organismos de la sociedad civil y las instancias organizadas que constituyen sus contrapartes. Además, desarrollan estrategias para la solución de problemas ambientales y locales en pro de un desarrollo sustentable.

El 17 de marzo, la Asamblea Nacional consumó la ilegalización de 25 organizaciones de la sociedad civil. El decreto legislativo fue aprobado con 74 votos a favor, 16 abstenciones y uno presente; aseguran que estas organizaciones no han reportado sus juntas directivas y sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos.

La niñez, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes son los más afectados con esta decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su solidaridad con las y los afectados ante esta acción arbitraria por parte del régimen.