Organizaciones políticas y feministas de Nicaragua condenaron la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y de cinco oenegés más, la reciente acción represiva orientada por el régimen orteguista.
Las entidades subrayaron que esas acciones solo buscan «desarticular a la sociedad civil». En un pronunciamiento divulgado en redes sociales, el Movimiento Feminista de Nicaragua se solidarizó con el MEC y la más de 60 organizaciones de sociedad civil que han sido ilegalizadas por orden de la dictadura, a través de la Asamblea Nacional.
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La entidad feminista enfatizó que desde hace 28 años «el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra ha trabajado incansablemente en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras en la maquila, que enfrentan no solo empleos precarios, sino otras formas de discriminación y violencia».
Destacó que el lema “Empleo sí, pero con dignidad” del organismo ilegalizado por la aplanadora sandinista «se ha convertido en un estandarte de lucha en Centroamérica, emplazando no solo a las empresas de maquila cuyas máximas ganancias se dan a costa de la explotación de miles de mujeres, sino a los Estados que ofrecen mano de obra barata y flexibilización de las leyes laborales para atraer a dichos capitales».
De igual forma, las organizaciones juveniles integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se solidarizaron con el MEC. Reiteraron el compromiso y la labor de la directora del organismo, Sandra Ramos.
«Queremos expresar nuestra solidaridad con Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, y con las mujeres lideresas del MEC. Sandra es una defensora de derechos humanos, referente en Nicaragua que ha luchado por años en la reivindicación, promoción y defensa de los derechos de las mujeres obreras y trabajadoras de las maquilas», indica el comunicado.
El pronunciamiento lo firman Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento UNA, Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN) y Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME19).

Las organizaciones de oposición señalan que el MEC «es insigne en su trabajo, que por años se ha destacado en la labor de organizar alrededor del país a miles de mujeres sin importar su credo político, religioso o de cualquier otra índole, han hecho énfasis en el empoderamiento económico, político y social de las mujeres en sus barrios y comunidades, son un referente en la organización de base para nosotros como jóvenes que en 2018 iniciamos estos procesos organizativos».
El régimen de Nicaragua, a través de la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, canceló este martes, 15 de febrero, las personalidades jurídicas de seis organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la del MEC.
Los demás organismos ilegalizados son: PEN Nicaragua, la Asociación Nicaragüense Pro de Derechos Humanos (ANPDH), Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI) y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).

Entre la exposición de motivos del decreto enviado por el diputado Filiberto Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, se destaca que supuestamente esas organizaciones no han reportado sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley.
Además, el Ministerio de Gobernación (Migob) argumentó que las juntas directivas de estas organizaciones se encuentran «acéfalas» y no han reportado donaciones previas procedentes del exterior, «lo que ha obstaculizado el control y vigilancia por parte del Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro para la Regulación de Organismos sin Fines de Lucro».
Este decreto llega a pocas semanas de que el régimen de Daniel Ortega también ilegalizara a otras organizaciones civiles y universidades privadas, las cuales pasaron a ser estatales y controladas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició la cacería contra organizaciones civiles y el despojo de sus personalidades jurídicas desde el 2018 —año de la revolución cívica en Nicaragua—. Hasta la fecha los diputados de la Asamblea Nacional han cancelado la personalidad jurídica a cerca de 90 oenegés.