La cancelación de más de 3,300 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) habría dejado en el desempleo a más de 23,400 personas nicaragüenses, revela un estudio de la Fundación del Río.
El documento refiere que en total, la dictadura ha aniquilado alrededor del 46% de las organizaciones sin fines de lucro que habían en el país, la mayoría de cancelaciones se dieron en el 2022.
El análisis determinó que los 23,483 empleos perdidos estaban en al menos 1,021 de las ONG aniquiladas por Ortega. Además recontaron la pérdida de al menos 255 millones de dólares que ya no entraron al país producto de la cooperación internacional, y que habrían llegado a través de estas organizaciones para destinarlos a proyectos de desarrollo, mayoritariamente en zonas rurales.
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Denuncian que el principal objetivo del régimen es «la desarticulación de los tejidos territoriales que los OSFL habían construido y la confianza de la población hacia los programas y proyectos que estas entidades venían implementando. Estos tejidos territoriales fueron protagonistas de las protestas de abril de 2018 o simplemente mostraron su inconformidad con lo que estaba sucediendo, por este motivo la desarticulación es un objetivo primordial para controlar el estado de ánimo de la sociedad nicaragüense, sobre todo a nivel rural».
«El régimen de Ortega-Murillo trata de controlar y centralizar la cooperación al desarrollo, para que los fondos de la cooperación internacional, que los países están dispuestos a aportar al país, sean administrados y gestionados únicamente por las instituciones del régimen. El hecho de ir cercenando el espacio cívico es una forma de reducir las formas que estos países tienen de cooperar con Nicaragua», añade el documento.
Del total de ONG canceladas a nivel nacional, 38% se dedicaban a trabajar en temáticas de derechos humanos (defensa de DDHH, ambiental, cultural, educación, mujeres, niñez, pueblos indígenas y afrodescendientes, recreación y salud), el 36% se dedicaban al desarrollo, el 12% eran asociaciones gremiales, el 9% asociaciones religiosas y el 1% vecinales. En el caso de los OSFL internacionales el 74% se dedicaban a cooperación al desarrollo, el 14% eran religiosos y el 4% de investigación.
La Fundación del Río documenta que más de 25 organizaciones nicaragüenses canceladas se han constituido fuera del país, con el objetivo de continuar evidenciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Estas acciones representan formas de resistencia frente a las restricciones y la criminalización del régimen de Ortega-Murillo contras los OSFL.
Reiteran que el instrumento legal más utilizado para las cancelaciones de los OSFL ha sido mediante los Decretos de la Asamblea Nacional con el 49%, mientras que el Acuerdo Ministerial llega al 39% y las Resoluciones Administrativas al 10%. En el caso del cambio de régimen jurídico de algunas ONG se han utilizado Leyes Especiales.
