El régimen de Nicaragua, a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad la Ley Creadora de la Cruz Blanca, como ente autónomo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa).
De esta forma queda derogada la «Ley Orgánica de la Cruz Roja», aprobada ayer, con la que el orteguismo se otorgaba todas las facultades para apropiarse del emblema y la bandera de la Cruz Roja Internacional, con la que pasaban por encima de los derechos de marca de la organización humanitaria.
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La iniciativa fue presentada el viernes, dos de junio, y aprobada de forma urgente por los diputados sandinistas, con el argumento de «atender las necesidades de la población nicaragüense como una institución descentralizada».
Los parlamentarios también aprobaron la iniciativa de reforma a la recién aprobada Ley 1152, Ley de Derogación del Decreto Legislativo número 357 y Creación de la Cruz Roja Nicaragüense, en el que establece que todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado.
La Cruz Blanca tendrá filiales en todo el país. Y según la justificación para crearla es porque la población necesita contar con una institución que atienda en caso de emergencias.
El propagandista de la dictadura de Ortega y director de Radio La Primerísima, William Grigsby Vado, volvió a atacar a empresarios del sector privado. Esta vez apuntó sus cañones contra Roberto Zamora Llanes, presidente del Banco LAFISE.
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A través de su programa propagandístico «Sin Fronteras», Grigsby acusó al empresario de lavado de dinero, asesinato y estafa al Estado, para luego revelar las intenciones de la campaña que sostiene contra los del gran capital.
Grigsby, conocido como uno de los más virulentos propagandistas y obedientes a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, atacó al empresario Zamora Llanes y a su familia, diciendo que hicieron su fortuna lavando dinero ilícito y estafando al Estado.
Además, lo acusó del asesinato de un contador que trabajaba para el Banco Lafise en El Salvador, así como de evadir impuestos en Nicaragua y en Estados Unidos a través de la Fundación Zamora-Terán.
Para sellar su advertencia, el agitador radial amenazó a Zamora que se «portara bien» con el régimen e Ortega porque todavía le tienen «sus cosas guardadas».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación ante la reciente ola de arrestos arbitrarios y algunos destierros en contra de opositores, activistas y exreos políticos, así como periodistas y religiosos, todo esto ordenado por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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En el comunicado de este viernes, la portavoz del organismo, Marta Hurtado, señaló que es preocupante «que las autoridades de Nicaragua estén silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y estén utilizando el sistema de justicia para este fin».
La vocera remarcó que solo en el mes de mayo 63 personas fueron detenidas arbitrariamente en todo el país y una sola noche, 55 personas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional y difusión de noticias falsas”, cargos que utiliza el Gobierno para silenciar a sus críticos.
Se cumplen 60 días del arresto arbitrario contra al joven opositor y líder estudiantil Jasson Salazar Rugama, secuestrado el cuatro de abril y de quien se conoce poco sobre su situación legal.
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El Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A) denunció que las autoridades no han brindado mayor información a la familia del reo de conciencia y tampoco han permitido que se le visite.
Ante esta situación, la organización opositora ha declarado que Salazar Rugama se encuentra en «estado de desaparición forzada», un patrón común del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para crear zozobra en los familiares de presos políticos.
