Estados Unidos anunció este jueves que sanciona a un exgeneral y dos excoroneles colombianos por “su participación en graves violaciones de los derechos humanos” durante el conflicto armado en Colombia, en un claro apoyo al proceso de verdad, justicia y reparación.
“Hoy tomamos medidas para promover que tres exfuncionarios colombianos rindan cuentas por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno en Colombia”, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
Se trata del exgeneral Iván Ramírez Quintero y los excoroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, precisa.
Como consecuencia de las sanciones, ninguno de ellos podrá optar a una visa para entrar a Estados Unidos. Cinco familiares de los exoficiales fueron también castigados.
En el comunicado, Blinken elogia a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), que investiga los crímenes atroces cometidos por rebeldes y agentes estatales en casi seis décadas de conflicto en Colombia.
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Este tribunal, surgido del acuerdo histórico de 2016 con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), “integra la justicia reparadora y el reconocimiento con los procesos penales para garantizar que las víctimas desempeñen un papel central en todas las etapas del proceso de paz”, señala.
“Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y supervivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del Acuerdo de Paz de 2016”, insiste el secretario de Estado.
En Bogotá el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, y la embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, celebraron una rueda de prensa conjunta.
Según Van Schaack, las sanciones constituyen un apoyo a la JEP.
“Estas designaciones reflejan la fe que tenemos en la JEP” y son “las primeras” respecto a este tema, dijo Van Schaack en la sede del tribunal de paz.
Añadió que Blinken “confía en la información de la JEP” pero que la decisión se ha tomado con base a los datos “que ha recibido”.
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“Estos individuos se han visto envueltos en crímenes de lesa humanidad (…) participación en los falsos positivos, prácticas de tortura en sus labores de inteligencia”, especificó Van Schaack.
Por falsos positivos se refiere a la implicación de miembros de las fuerzas armadas colombianas en la ejecución de civiles no beligerantes que presentaron como si fueran bajas en combate.
El magistrado Vidal afirmó por su parte en que “los crímenes internacionales son una preocupación de la humanidad en su conjunto”.
La JEP, que ya ha imputado a altos mandos de las FARC y a decenas de exmilitares, ofrece penas alternativas a la prisión a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas.