Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), afirmó que el régimen de Daniel Ortega es «legítimo» para justificar el financiamiento millonario que otorga a la dictadura señalada de cometer crímenes de lesa humanidad.
En declaraciones al medio La Voz de América, Mossi también reveló que el banco regional tiene un «plan B» en caso que las sanciones internacionales impidan otorgar más préstamos al régimen nicaragüense.
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Según Mossi, el BCIE le pediría a la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que les otorguen una licencia para aprobar fondos, señalando que se trata de préstamos para temas humanitarios en Nicaragua.
Mossi, que busca ser reelecto en el cargo de presidente del banco regional este 2023, ha intentado evadir los señalamientos de expertos y opositores que lo califican de «cómplice» de Ortega.
En su defensa sostuvo que los préstamos aprobados a Nicaragua dependen del voto de los miembros del directorio.
Tras estas declaraciones, congresistas de Estados Unidos escribieron una carta a los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras para que frenen el financiamiento a la dictadura de Nicaragua.
La carta fue suscrita por el congresista demócrata Bob Menéndez y su colega republicano Michael McCaul, presidente de los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente.
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Ante la interrogante de por qué los países miembros del BCIE no han hecho nada para detener el financiamiento a la dictadura, el analista político Eliseo Núñez y el abogado Juan Diego Barberena coinciden en que estos países no quieren que Nicaragua también les bloquee los préstamos que gestionan en el banco regional.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo echó de Nicaragua al encargado de negocios del Vaticano en Managua, monseñor Marcel Diouf.
Según el medio Confidencial, fuentes diplomáticas en Roma le revelaron que monseñor salió la tarde de este viernes vía terrestre, y ya se encuentra en Costa Rica.
El pasado 12 de marzo, el mismo medio reveló que la dictadura de Nicaragua había dado una semana al representante de la Nunciatura para que saliera del país, luego que el papa Francisco calificara de «dictadura grosera y guaranga» al régimen nicaragüense.
Con la salida del encargado de negocios del Vaticano, la Nunciatura en Managua se da por cerrada.
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Según el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede era un tema que estaba considerando. Sin embargo, algunas voces señalan que, en la práctica, la dictadura estaría rompiendo con el Vaticano.
Con esta decisión, Ortega se uniría al club de Corea del Norte, China, Afganistán, Arabia Saudí y otros nueve países del mundo que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
El temor recae sobre qué pasará con los sacerdotes encarcelados por la dictadura y la jerarquía católica. En las celdas se encuentran monseñor Rolando Álvarez, una voz firme en contra de la dictadura; también están en prisión monseñor Leonardo Urbina y el sacerdote Manuel García, mientras varios religiosos han considerado huir de la persecución religiosa.
La defensora de derechos humanos Bianca Jagger, de origen nicaragüense, manifestó que «está profundamente preocupada» por el obispo Rolando Álvarez.
«Nadie sabe de su paradero. Su familia ha estado tratando de averiguar dónde está, pidiendo que se le permita llevarle medicina, comida y agua», por lo que pidió a Ortega y Murillo que proporcionen «una prueba de vida» del líder religioso.
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Directivos bancarios están violando el Código Penal nicaragüense al bloquear las cuentas de ciudadanos declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega, aseguró el economista y abogado Enrique Sáenz.
Explicó que «el Código Penal en el artículo 280 consigna los “delitos contra el sistema bancario y financiero” y establece pena de seis a ocho años de prisión al funcionario, directivo o administrador bancario que cause daños patrimoniales a los depositantes».
BAC Credomatic, Banco Avanz, Banco de Finanzas (BDF) y el Banco de la Producción (Banpro) son las entidades que han bloqueado las cuentas sin notificarle la situación a los perseguidos de Ortega. Sáenz los cuestionó en sus redes sociales diciéndoles «si hoy gozan de protección de la dictadura, mañana, cuando los mafiosos no estén, ¿Quién los protegerá de las acciones penales y civiles?».
La Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) con sede en San José, Costa Rica, solicitó al subdirector de Migración de ese país, la ampliación «de campos de atención» a personas que soliciten refugio por primera vez.
Jhoswel Martínez, presidente de la asociación, explicó a Artículo 66 que la solicitud es debido a una serie de anomalías que se están presentando con el sistema de tramitación, «la imposibilidad de hacer cita y la insuficiencia de espacios».
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Por lo que reiteraron su llamado a «la Unidad de Refugio para que amplíen los cupos brindados para la atención de personas que solicitan refugio por primera vez de 70 a 150, y que se trate de resolver el problema de las citas por línea telefónica o plataforma».
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, que denunció una decisión jurídicamente “nula”.
La corte, con sede en La Haya, también pidió la captura por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, de María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.
La CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato.
Sin embargo, la emisión de una orden de captura contra un jefe de Estado en ejercicio y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso inédito para el tribunal.
