La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este nueve de noviembre la Ley para para el Cambio de Régimen Jurídico de al menos 29 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en busca de un mayor «proceso de ordenamiento y depuración». El régimen argumenta que las asociaciones realizan actividades de carácter mercantil y de prestación de servicios financieros.
Esta nueva acción explica que en el ámbito financiero y de microfinanzas existen entidades que fueron creadas como asociaciones civiles sin fines de lucro, de conformidad con lo que establecía la Ley 147 (Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro) que fue aprobada el 19 de marzo de 1992, pero cuya actividad corresponde a la de entidades mercantiles.
Noticia relacionada: Dictadura de Nicaragua manda a ajustar régimen jurídico a 29 ONG
Entre las oenegés que se someterán a esta nueva imposición serán la Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (Afodenic), Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega (Pagjino), Asociación Martin Luther King, Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de Nicaragua (Asodenic), Centro de Promoción de Desarrollo Local y Superación de la Pobreza (Ceprodel), Asociación Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Finde), Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario.
Luego de que esta ley entre en vigencia las nuevas sociedades mercantiles tendrán 90 días para cambiar de régimen y otros 90 días para la transmisión de los bienes de las organizaciones sin fines de lucro a las nuevas sociedades mercantiles. Señala que el traspaso e inscripción de los bienes debe realizarse «bajo los principios con celeridad, publicidad e inmediatez».
La iniciativa establece que en el caso de ProMujer y The Neo Fundation, por ser consideradas meramente extranjeras, el Ministerio de Gobernación cancelará sus personalidades jurídicas.
Noticia relacionada: Representantes de ONG nicaragüenses denuncian apropiación ilegal de sus bienes
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, señaló recientemente que se continúa aplicando leyes represivas que son utilizadas para justificar las cancelaciones a organismos no gubernamentales y criminalizar a sus miembros, «lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas».
De 2018 a la fecha, Ortega ha decidido cancelar casi tres mil oenegés. El Colectivo afirma que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
