Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el cierre de oenegés en Nicaragua y las restricciones impuestas a activistas, esto través del foro sobre «la situación de libertad de asociación» en el país centroamericano donde participaron más de 18 organismos.
La audiencia virtual contó con la intervención de un gran número de nicaragüenses activistas, defensores y profesionales que han tenido que exiliarse debido al cierre de espacios cívicos y la persecución impuesta por el régimen de Daniel Ortega. Los participantes destacaron que en Nicaragua «la persecución sistemática y generalizada contra la sociedad civil se sustenta en un marco legal creado desde 2018 para reprimir la libertad de asociación».
Noticia relacionada: Persiste embestida contra ONG, 100 más canceladas por Gobernación
El defensor de derechos ambientales de Fundación del Río, Amaru Ruiz, denunció que «las restricciones legales y las cancelaciones de personalidades jurídicas impiden que las organizaciones puedan manejar cuentas bancarias y recibir dinero del exterior, lo que disminuye su capacidad de gestionar la cooperación».
Actualmente el régimen ha cerrado desde diciembre de 2018 al 27 de octubre de 2022, unas 2,734 organizaciones locales e internacionales que operaban en el territorio nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue una de las primeras organización que el régimen canceló y denunció ante los participantes que el gobierno de turno «usurpó sus bienes y mantiene una campaña de desprestigio contra sus integrantes».
En este sentido, Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que Ortega «se ha valido de los allanamientos y la apropiación ilegal del patrimonio de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). A las 9 primeras ONG. canceladas en 2018 les expropiaron bienes, congelaron sus cuentas y se incautaron bienes a los trabajadores», dijo el activista.
Por su parte, la feminista Karina Sánchez lamentó que en Nicaragua «en lugar de garantizar los derechos de las mujeres persigue a las organizaciones que les defienden, su cancelación no solo viola el derecho de asociación sino que implica que las mujeres vulnerables quedan más expuestas».
Noticia relacionada: Gobernación celebrará 43 años de fundación cancelando ONG y persiguiendo opositores
Esta mañana la administración Ortega-Murillo canceló la personalidad jurídica de otras 33 ONG nacionales y 67 de origen extranjero.El Ministerio de Gobernación (Migob) las señala de haber «incumplido sus obligaciones conforme ley; ya que no reportaron por más de 4 a 26 años juntas directivas del país de origen, actualización del poder del representante legal y estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos».
Las entidades también son señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Haydée Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, recordó que actualmente existen más de 200 personas encarceladas por el régimen «condenadas y privadas de libertad por motivos políticos desde 2018, muchas de ellas integrantes de organizaciones de la sociedad civil que permanecen en condiciones infrahumanas».
