El régimen de Daniel Ortega introdujo el siete de noviembre una iniciativa de Ley Especial en la Asamblea Nacional para el Cambio de Régimen Jurídico de al menos 29 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), bajo el argumento de que desarrollan actividades de carácter mercantil y de prestación de servicios financieros.
Según la iniciativa, estas organizaciones señaladas en el documento son reguladas por la Ley de Fomento y Regulación de la Microfinanzas la cual está vigente desde el 2012. La propuesta explica que en el ámbito financiero y de microfinanzas existen entidades que fueron creadas como asociaciones civiles sin fines de lucro, de conformidad con lo que establecía la Ley 147 (Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro) que fue aprobada el 19 de marzo de 1992, pero cuya actividad corresponde a la de entidades mercantiles.
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Las nuevas sociedades mercantiles tendrán 90 días para cambiar de régimen y otros 90 días para la transmisión de los bienes de las organizaciones sin fines de lucro a las nuevas sociedades mercantiles. Señala que el traspaso e inscripción de los bienes debe realizarse «bajo los principios con celeridad, publicidad e inmediatez».
Entre las oenegés que se someterán a esta nueva imposición serán la Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (Afodenic), Asociación Proyecto Aldea Global Jinotega (Pagjino), Asociación Martin Luther King, Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de Nicaragua (Asodenic), Centro de Promoción de Desarrollo Local y Superación de la Pobreza (Ceprodel), Asociación Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Finde), Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario.
La iniciativa de ley establece que en el caso de ProMujer y The Neo Fundation, por ser consideradas meramente extranjeras, el Ministerio de Gobernación cancelará sus personerías jurídicas.
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«En el caso de la Asociaciones / Fundaciones denominadas ProMujer y The Neo Fundation, por su condición de personería jurídica extranjera la Dirección General de Registro y Control de los Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación procederá a la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente», refiere la iniciativa.
Este nuevo ordenamiento fue presentado por el presidente de la Asamblea Gustavo Porras, justificando que esta acción es el siguiente paso para continuar con el «proceso de ordenamiento y depuración de las Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro» que se encuentran en el país y han sido aniquiladas en gran mayoría por el régimen.
Todas las entidades canceladas han sido señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
