El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CCPR, por sus siglas en inglés) hizo amplias observaciones sobre el cuarto informe periódico referente a Nicaragua, analizado en la revisión del pasado 19 de octubre.
Aunque la delegación de Ortega estuvo ausente, el comité emitió 17 recomendaciones sobre diferentes temáticas, en la que resaltan la necesidad de independencia del Poder Judicial, reprocha las muertes por violencia policial, la situación de las personas presas políticos, los atropellos a la libertad de expresión y asociación, la violencia contra las mujeres y la zozobra que padecen los pueblos indígenas.
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En referencia a la cancelación de la personalidad de más de dos mil organizaciones no gubernamentales, el Comité dijo que el Estado de Nicaragua debe «abstenerse de cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos».
Asimismo, exigió que se restablezca y desista de cancelar grupos de oposición y asociaciones profesionales, como asociaciones médicas, universidades y entidades vinculadas con la Iglesia católica, «por ejercer legítimamente sus derechos».
«Desde 2018 hasta inicios de noviembre de 2022, el Comité registró el cierre de 1880 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, muchas de ellas imposibilitadas de presentar la documentación requerida por los obstáculos encontrados en el Ministerio de Gobernación (Migob) a raíz de la aprobación de la Ley Especial de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020», señala la comunicación de la ONU en el sitio web de Raza e Igualdad.
Demanda cesar el aislamiento a presos políticos
En cuanto a la violación a los derechos de los presos políticos recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, el Comité señaló que el Estado de Nicaragua debe «abstenerse de imponer el régimen de aislamiento, salvo en las circunstancias más excepcionales y por períodos estrictamente limitados, cuando sea objetivamente justificable y proporcionado, conforme las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela)».
La demanda se hizo luego que familiares de los rehenes de conciencia denunciaran ante la ONU que hay quienes padecen enfermedades crónicas que no reciben la atención especializada en salud. «Desde hace 73 días, las personas que se encuentran en ese centro de detención no han recibido ninguna visita de sus familiares y se desconoce información sobre las condiciones en que se encuentran», refirió.
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«Estas prácticas violatorias de los derechos humanos también se han realizado en contra de menores de edad, a quienes se les han impedido visitas frecuentes a sus familiares en la cárcel por largos periodos de tiempo y en general, no se les ha permitido comunicación alguna», afirmó el mecanismo.
Además, recomendó que se realice una supervisión estricta de los procedimientos de visitas, «velando por que los registros invasivos solo se efectúen en casos excepcionales, de la manera menos intrusiva posible y respetando plenamente la dignidad de la persona y su identidad de género».
Juicio contra a autores de torturas y muertes en cárceles
Por otra parte, el Comité recomendó que se investiguen «de forma rápida, exhaustiva, eficaz, independiente e imparcial» todas las denuncias de torturas y malos tratos y las muertes durante la detención».
Esto último —según la ONU— porque desde las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Nicaragua desde abril de 2018, se registraron dos muertes de personas detenidas; Eddy Montes, ciudadano estadounidense que falleció de un disparo en circunstancias todavía no investigadas por las autoridades nicaragüenses, y Hugo Torres, quien falleció en febrero de 2022 en circunstancias aún sin esclarecer derivadas de la falta de asistencia a su salud y las condiciones de detención.
Aumento de la violencia contra las mujeres
Según organizaciones de defensa de las mujeres, más de 42 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidios desde enero hasta agosto de 2022. La ONU, ante estos datos, demanda investigar los casos de violencia machista.
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«15 de esos casos se mantienen en la impunidad dentro del país, el Comité también recomendó al Estado de Nicaragua que se garanticen las investigaciones de los casos de violencia contra las mujeres “rápida y eficazmente”, y que los autores de esos crímenes sean llevados ante la justicia», agregan.
Ante este llamando al régimen de Ortega, el Comité de la ONU afirmó que dará seguimiento a tres recomendaciones realizadas: la divulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité, «el Estado parte recibirá del Comité en 2028 la lista de cuestiones previas a la presentación de informes y se espera que presente dentro de un año sus respuestas a la lista de cuestiones».
Tanto a Raza e Igualdad como al CCPR concluyeron que les «preocupa profundamente» la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales y la nula cooperación que ha brindado en los últimos años a pesar de las reiteradas solicitudes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas detalladas para el proceso de la revisión en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«El Estado de Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales y ayudar a buscar una salida a la crisis que inició desde el año 2018. Estas soluciones deben estar encaminadas hacia un respeto estricto a los derechos humanos, el diálogo y el derecho internacional», remarcaron.
