DHS asegura que Jeffrey Jarquín «era un extranjero ilegal con antecedentes penales»

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por siglas en inglés) explicó el 6 de octubre sus motivos para deportar a Nicaragua al opositor y exatrincherado Jeffrey Jarquín, conocido como «El Nene».
«Era un extranjero ilegal con antecedentes penales que incluyen agresión y conducir sin licencia», respondió el organismo al medio colombiano NTN24.
Es importante destacar que, apenas Jarquín tocó suelo nicaragüense, fue detenido por agentes de la Policía sandinista y trasladado a la cárcel Modelo, ubicada en el municipio de Tipitapa, dentro del departamento de Managua.
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En este sentido, el DHS omitió explicar por qué lo deportaron a Nicaragua y no a un tercer país, pues distintas organizaciones ya habían alertado sobre el peligro de regresarlo a Managua, donde sería nuevamente puesto tras las rejas en las que estuvo detenido entre 2018 y 2019 por las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hasta el momento se sabe que un juez de inmigración ordenó el 28 de julio que Jarquín fuese expulsado definitivamente de Estados Unidos, por lo que, el 1 de octubre fue enviado de vuelta a Nicaragua.

Primer exiliado nicaragüense en ser deportado
El opositor originario de Bluefields participó activamente en las protestas sociales de abril de 2018, por lo que fue detenido desde julio de 2018 hasta julio de 2019 en la Galería 16 de La Modelo, donde asegura que fue torturado.
Aunque fue excarcelado en 2019, la persecución política en su contra se mantuvo, por lo que decidió exiliarse en Estados Unidos en busca de protección internacional.
Siete años después, fue arrestado en la ciudad de Miami, Florida, luego de verse involucrado en un incidente de presunta agresión, por lo que quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que luego lo envió a Nicaragua.
Este caso se convierte en el primero de un expreso político nicaragüense que se exilió en Estados Unidos en busca de protección y vuelve a quedar bajo la custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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