EE. UU. advierte sobre corrupción generalizada y posible favoritismo en contrataciones públicas de Nicaragua
El Departamento de Estado de Estados Unidos adviertió recientemente sobre las condiciones de corrupción en Nicaragua, al señalar que estas representan un obstáculo para la inversión, especialmente en áreas como las contrataciones públicas, la concesión de licencias, las aduanas y la tributación.
En su Informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2026, el Departamento de Estado afirma que, aunque Nicaragua cuenta con un marco jurídico que criminaliza la corrupción, no existe expectativa de que esas normas sean aplicadas.
En ese sentido, Estados Unidos identifica cuatro factores que crean condiciones para una corrupción generalizada: un estado general de permisividad, la falta de instituciones sólidas, un sistema ineficaz de controles y contrapesos y el control total del régimen Murillo-Ortega sobre las instituciones gubernamentales.
Un sistema judicial vulnerable
También señala al sistema judicial nicaragüense como un área especialmente vulnerable, ya que, según el informe compartido, permanece susceptible a sobornos, manipulación e influencia política.
Añade que empresas consultadas reportaron que la corrupción constituye un obstáculo para la inversión en Nicaragua, particularmente en cuatro áreas: contrataciones públicas, licencias, aduanas y tributación.
Lee también: Nicaragua, entre los países más corruptos del mundo
Recuerda que Nicaragua obtuvo 14 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, donde una puntuación más baja indica una mayor percepción de corrupción en el sector público ubicando al país en el puesto 175 de 182 naciones evaluadas.
Contrataciones públicas y posible favoritismo
Uno de los señalamientos centrales del informe está relacionado con una reforma a la ley de contrataciones públicas y administrativas publicada por el régimen nicaragüense el 21 de febrero de 2025, y es que, según el Departamento de Estado, redujo aún más el número de contrataciones que deben someterse a procedimientos de licitación pública abierta.
Lee también: Rosario Murillo acusa a opositores en el exilio y países extranjeros de «falsificar» la realidad de Nicaragua
La nueva legislación excluye de esos procedimientos determinados contratos aprobados por el Estado, entre ellos proyectos de defensa y seguridad nacional, compras directas a proveedores extranjeros expresamente aprobadas por el régimen, contratos de instituciones que prestan servicios externos, contratos de empresas estatales y proyectos especiales y estratégicos, incluido el aspiracional canal interoceánico de Nicaragua.
Agrega que, en la práctica, esta lista de excepciones abarca todas las posibles grandes contrataciones públicas en las que probablemente participarían empresas estadounidenses en Nicaragua.
Además, señala que la reforma incorporó una modalidad de contratación simplificada que el Estado podría utilizar para favorecer a empresas seleccionadas.
Prioridad a proveedores de China
El Departamento de Estado también señaló que el 15 de noviembre de 2024, la dictadura Ortega-Murillo ordenó a todas las instituciones públicas que adquirieran bienes o servicios de tecnología de la información y las comunicaciones que le dieran prioridad inmediata a proveedores de China.
Lee también: Los 87 nicaragüenses sancionados por Estados Unidos en nueve años
Recordó que Washington ha sancionado en el pasado a múltiples funcionarios gubernamentales y entidades bajo control del régimen por corrupción.
El documento también señala que el orteguismo no exige a las empresas privadas establecer controles internos e indica que los bancos nicaragüenses cuentan con programas de cumplimiento y monitoreo que permiten detectar corrupción.
Comentarios