La Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencia (IRFBA, en inglés) expresó el viernes su preocupación por el incumplimiento continuado de Nicaragua de sus obligaciones en materia de derechos humanos internacionales, incluido el de la libertad de religión o creencia.
La organización, integrada por 37 países, condenó la «hostilidad, discriminación y persecución en Nicaragua, en concreto las relativas a la Iglesia católica».
Su denuncia citó que en menos de cuatro años la Iglesia católica ha sido objeto allí de 190 ataques, entre ellos el incendio en la catedral de Managua en agosto de 2020 o acoso policial contra obispos y sacerdotes, según informes de ONG.
El comunicado recordó en concreto la situación del obispo Rolando Álvarez, que está en arresto domiciliario.
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Diversas voces de Nicaragua denunciaron que el mandatario Daniel Ortega está instrumentalizando la migración como «arma política y de chantaje» contra Estados Unidos, luego que el dictador culpara al país norteamericano de la migración masiva de venezolanos y cubanos.
Según Ortega, el éxodo se debe a las sanciones de Washington contra esos regímenes al cerrar las posibilidades de trabajo a sus habitantes.
Las declaraciones las brindó durante el acto del 43 aniversario del Ministerio de Gobernación, realizado el jueves, después que el gobierno de Joe Biden aplicara nuevas restricciones a su régimen.
El exembajador Arturo McFields reaccionó a las declaraciones de Ortega denunciando que «la dictadura de Nicaragua está causando, incentivando y, quizás, patrocinando la migración creciente y desproporcionada hacia el norte».
Nicaragua, Cuba y Venezuela se sitúan en los últimos lugares en el nuevo ranking Índice Chapultepec 2022 sobre libertad de prensa que se presentó este viernes en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Madrid junto a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB).
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Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en las posiciones 22, 21 y 20 respectivamente y son los únicos que se enmarcan dentro de la categoría de países «sin libertad de expresión».
Estos tres países son también los únicos con tres de las cuatro dimensiones que se tienen en cuenta con peores resultados: ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y el control de medios que ejercen los gobiernos.
Las personas presas políticas cautivas por más de un año en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua, cumplieron este viernes 63 días de no recibir visitas familiares.
La última vez que fueron vistos por sus parientes fue entre el 26 al 28 de agosto, cuando los familiares reiteraron su preocupación por el deterioro físico de los encarcelados. A la fecha se desconoce la situación de los reos que se sometieron a huelga de hambre en protesta por el respeto de sus derechos humanos, por lo que sus familiares reclaman poderlos visitar como establece la ley.
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La empresa minera Condor Gold aseguró que es «poco probable» que se vean afectadas sus operaciones en Nicaragua tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la industria minera del país.
La compañía dio a conocer a través de un comunicado que «posee el 100% del Proyecto La India de 587 kilómetros cuadrados, y no tiene arreglos comerciales con el Gobierno de Nicaragua ni con mineros artesanales».
En esta misma línea, Calibre Mining, la principal minera en el territorio nacional afirmó anteriormente que la medida del gobierno norteamericano no tendrá «un impacto material en sus operaciones».
