Al menos 18 organizaciones de la sociedad civil participaron este jueves, 27 de octubre, en la 185 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde denunciaron la sistemática violación de la libertad de asociación en Nicaragua.
Entre los organismos que participaron están el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Popol Na, Fundación del Río y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas).
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El Colectivo de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, señaló en conferencia de prensa que hasta la fecha, el régimen de Ortega ha cancelado de forma arbitraria la personalidad jurídica de 2,634 organizaciones, «de las cuales 2,510 han sido canceladas a partir de marzo de este año; y al menos 43 organizaciones han sido allanadas y apropiado inconstitucionalmente su patrimonio».
El organismo subrayó que se continua aplicando leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros, «lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas».
«Como una muestra representativa presentada, 53 organizaciones canceladas refleja la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2,000 empleos formales y la desatención de más de un millón de personas beneficiarias de estas organizaciones». agregó el organismo.
Denuncian también todas estas cancelaciones y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos son avaladas por «un Poder Judicial instrumentalizado y por la ineficacia de recursos internos».
Al respecto, la comisionada Margarette May, de la CIDH, subrayó que todas las organizaciones que defienden la democracia están en peligro, que la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos es ilegal y que la principal creencia del Estado es el «autoritarismo del régimen».
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Hizo hincapié en que el Estado cataloga como enemigos «a quienes se le oponen, sin garantía de ningún órgano independiente en el país». Además, señaló que Nicaragua está destruyendo de forma «demente» a una parte de la población, señalando que lo que se vive son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes.
Ante las denuncias de los organismos, la Comisión expresó que la grave situación en el país es una prioridad para la organización, indicando que estas violaciones a derechos humanos se merecen una máxima condena; además se reiteró que en el país se vive un «régimen de terror» que impide a sus ciudadanos organizarse para defender sus derechos.
El Colectivo enfatizó que ante esta situación demandó al régimen de Nicaragua que cese «la brutal represión contra la población nicaragüense organizada, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones; restableciendo la personalidad jurídica de las entidades canceladas; devolviéndoles sus bienes; revocando las órdenes de captura vigentes y liberando inmediatamente a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos; así como derogar todas las leyes represivas e inconstitucionales».
Mónica Baltodano, de Popol Na, afirmó que fue «bastante estimulante» saber que la CIDH está muy bien informada de lo que acontece en Nicaragua. Además, refiere que representantes del organismo están «bastante solidarios con el sufrimiento del pueblo nicaragüense.
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Para Ana Quirós, presidenta de la ilegalizada Cisas, con la cancelación de más de dos mil organizaciones, el gobierno de Nicaragua dejó en total indefensión a los integrantes de las oenegés. «porque nos les canceló sus prestaciones laborales ni les buscó ninguna alternativa».
Los representantes de los organismos que participaron llamaron a la reflexión al régimen de Ortega y Murillo para que cese la represión en el país y permita la libertad de asociación.
