El régimen de Daniel Ortega ejecutó la cancelación de 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y pretende «descabezar» próximamente a otras 100 asociaciones que en su mayoría se han dedicado a proyectos de desarrollo y social. Con estas nuevas cancelaciones, Ortega superará el millar de oenegés canceladas.
La Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, aprobó un decreto este, 13 de julio, en el que ilegalizó a un centenar de organizaciones sin fines de lucro, iniciativa que fue presentada el pasado seis de julio. Para este jueves 14 de julio, se espera que los diputados aprueben otro decreto para anular a otras 100 asociaciones más.
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Luego de ejecutar la nueva cancelación, el régimen elevaría a 1,070 el número de oenegés ilegalizadas en los últimos tres años y medio. En lo que va de 2022 Ortega ha ejecutado a 996 organismos de la sociedad civil. Las ONG han sido señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El diputado de la bancada sandinista Filiberto Rodríguez es el que ha introducido la mayoría de solicitudes para descabezar a organismos sin fines de lucro, acusó a las recientes oenegés de no presentar estados financieros con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final.
Entre las próximas oenegés canceladas se encuentran Fundación Acahualinca, Fundación Amigos de la Universidad, Asociación de Exmineros del Atlántico Norte, Fundación Juan y Pina Wong, Fundación Nica-Amor a lo Nuestro (Funican), Asociación Solidaridad Aportando al Cambio (Asol), Asociación Comunitaria Espíritu Santo (ACES), Asociación Paz y Reconciliación (Apare), Asociación Alianza Internacional de Reforestación en Nicaragua (AIRES), entre otras.
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Defensores de derechos humanos han denunciado la ilegalización de las asociaciones acusando a Ortega de pretender continuar con la «limpieza» de organizaciones a través «del brazo ejecutor de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, al señalar que revisará seis mil personalidades jurídicas, lo que constituye la eliminación de toda forma de espacio cívico del pueblo de Nicaragua».
Hasta el momento, Ortega ha arremetido contra Universidades, organizaciones de derechos humanos, asilos de ancianos, organizaciones altruistas y recientemente a la Asociación Misioneras de la Caridad.
