La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución sobre «La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua», que se basa en nueve puntos, entre esos, el cese a la represión contra la ciudadanía y el restablecimiento pleno de los derechos cívicos y políticos, la liberación de los presos políticos y la garantía al derecho a la libertad religiosa.
La organización compartió su «profunda preocupación» por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, refiriéndose a los múltiples arrestos arbitrarios, encarcelamiento de figuras políticas, el cierre forzado de organizaciones de la sociedad civil y universidades, la toma de oficinas municipales, la represión de periodistas y allanamientos en las organizaciones de medios de comunicación, y la intimidación de líderes comunitarios cometidos por el régimen orteguista. «Lo que genera un clima de opresión y miedo», dicta la resolución.
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La canciller de Chile, Antonia Urrejola, fue una de las voces que se alzó por «más democracia» en la región, durante su intervención ante los Estados miembros de la OEA.
La defensora de derechos humanos, que dio seguimiento a la crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018, señaló que su Gobierno está «preocupado por la reducción del espacio democrático en la región y el mundo» y declaró su voluntad de «construir puentes».
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Urrejola también lideró una reunión entre 14 Estados del hemisferio para abordar la crisis en Nicaragua, en la que participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el subsecretario para las Américas de Canadá, Michael Grant.
Pero, entre los Gobiernos que decidió no condenar a la dictadura nicaragüense se encuentra el de Xiomara Castro en Honduras, esposa del expresidente Manuel Zelaya, cercano a Ortega.
El vicecanciller Gerardo Torres justificó la posición de su gobierno señalando que «es bien complicado meterse en un proceso de intervención en un país vecino» y reveló que «no tiene respuesta» ante la pregunta si Honduras pide la liberación de los presos políticos.
Este viernes se realizó la segunda audiencia a cuatro sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, allegados a monseñor Rolando Álvarez, quienes son acusados de los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
El extrabajador del Poder Judicial Yader Morazán reveló en su cuenta en Twitter que la audiencia se llevaría a cabo en horas de la mañana para proponer las pruebas que serán expuestas en juicio.
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El reciente informe del Índice de Basilea contra el Lavado de Acticos ubica a Nicaragua como el segundo peor país de América Latina y el Caribe en la lucha contra este flagelo.
El documento detalla que el país obtuvo la calificación de 6.70 en una escala del uno al diez, donde diez es el riesgo máximo.
Nicaragua solo fue superada por Haití que cerró con una calificación negativa de 8.16 puntos en la región.
Si se compara con el resto de países del mundo, Nicaragua se ubica en el decimonoveno peor en materia de riesgo de lavado de dinero, solo superado por Nigeria, Tonga, Zimbabwe y China.
