El sociólogo y opositor Irving Larios acumula 480 días de estar detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», un centro donde es sometido a diversas torturas, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos. De ese más de un año en la cárcel lleva 13 días en huelga de hambre en demanda de atención médica especializada y mejoras en la alimentación.
El pasado 31 de agosto, la dictadura presentó por primera vez ante sus medios oficialistas al preso político, a quien trasladó a los juzgados de Managua. El miembro de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) fue exhibido con su rostro demacrado. Las fotografías muestran las secuelas que han dejado en el opositor un año de encierro.
Ante esta situación, los familiares de Irving Larios señalaron que el régimen de Ortega-Murillo intenta «destruir» al reo político «por defender la justicia social, la libertad y la democracia» en el país; y pese a eso, el opositor mostró «dignidad aún con las manos esposadas, esa dignidad que moverá montañas para liberarte a vos y a todos las personas presas políticas».
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Irving Larios fue arrestado en su vivienda el 20 septiembre de 2021 por la Policía del régimen. La dictadura lo acusó de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, la misma herramienta jurídica que ocupó para judicializar a más de 40 líderes de oposición que están encarcelados desde finales de mayo del año pasado en el contexto electoral.
Larios es economista, sociólogo y es presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES). Esa entidad facilita y acompaña procesos de participación ciudadana, equidad de género, cambio generacional y la concertación de acciones para el desarrollo.
El nueve de marzo, la jueza Décimo Distrito Penal de Juicios, Nancy Aguirre Gudiel, condenó al preso político Irving Larios a una pena de 13 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además del pago de 800 días multas, unos 160 mil córdobas. La judicial fue sancionada por Estados Unidos el pasado 15 de julio por «estar involucrada en actos de corrupción y ataques a la democracia» en la nación centroamericana. Aguirre Gudiel fue parte de los seis jueces que realizaron juicios en la DAJ contra los presos políticos detenidos en el contexto electoral.
